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La Justicia de Salta condenó a ocho años de prisión efectiva a un hombre de 34 años que se desempeñaba como guardia de seguridad en un local bailable de la calle Balcarce, tras considerarlo responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, en concurso real. La sentencia fue dictada por el juez Martín Fernando Pérez al término de la audiencia de debate.
El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 7 de septiembre de 2024. Según pudo acreditarse en el juicio, la víctima —una joven estudiante universitaria— había decidido salir a bailar junto a dos amigas. Llegaron a la zona de la Balcarce pasada la medianoche y, luego de hacer tiempo en una esquina, ingresaron al boliche alrededor de la 1.30.
De acuerdo con el relato de la damnificada, en un momento de la noche se dirigió sola al baño para acomodarse el cabello. En el lugar había otra chica lavándose las manos, pero cuando esta se retiró, quedó sola en el sector de sanitarios. Fue entonces cuando irrumpió el acusado, que trabajaba como personal de seguridad del local.
La joven declaró que el hombre la tomó fuertemente del brazo, la obligó a ingresar a uno de los cubículos, trabó la puerta y la accedió carnalmente. Manifestó que quedó en estado de shock, sin poder gritar ni reaccionar ante la agresión.
Tras el ataque, logró salir del baño y buscar a sus amigas. Les contó lo sucedido y, en medio de la conmoción, decidieron retirarse de inmediato del lugar. Una de ellas llamó al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el hecho, lo que dio inicio a la intervención policial y posteriormente a la investigación penal.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, cuyo fiscal penal interino, Esteban Martearena, representó al Ministerio Público Fiscal durante el debate. En su acusación, el fiscal expuso las pruebas reunidas a lo largo de la investigación, que permitieron reconstruir lo ocurrido y acreditar la responsabilidad del imputado.
Entre los elementos probatorios, uno de los más relevantes fue el cotejo de ADN, que resultó clave para vincular al acusado con el ataque denunciado. Esa pericia científica, sumada a testimonios y otras evidencias, fue determinante para que el tribunal tuviera por probados los hechos y dictara la condena.
Al salir, fue traslado a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta. Desde allí será derivado a la Unidad Carcelaria N.º 1, donde deberá cumplir la pena de ocho años impuesta.
Otras medidas
Como parte de las medidas complementarias, el magistrado también ordenó la extracción de muestras genéticas del condenado para su inscripción en el banco de datos correspondiente, a fin de que quede registrado dentro de los protocolos establecidos para este tipo de delitos.
La defensa estuvo a cargo de la abogada Verónica Rallé, mientras que la querella fue ejercida por las letradas Belén Alzogaray y Analía Ramos.