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La Justicia volvió a rechazar un pedido para modificar la situación procesal de Cynthia Elizabeth del Valle Moya, señalada como líder de la financiera ilegal Ríos & Asociados, y ratificó que continuará bajo prisión domiciliaria mientras avanza la causa en su contra.
La decisión fue adoptada por la jueza de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación, Edith Rodríguez, quien hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y desestimó el pedido de la defensa para otorgar medidas sustitutivas de la prisión preventiva.
La postura de la Fiscalía: gravedad del caso e impacto social
El fiscal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, se opuso al planteo de la defensa y sostuvo que debía mantenerse la restricción de la libertad de la acusada debido a la gravedad de los hechos investigados.
En ese sentido, remarcó que la causa involucra a 849 damnificados y que su magnitud trasciende el interés individual, ya que configura una afectación concreta del orden público, un aspecto que consideró clave al momento de evaluar cualquier beneficio procesal.
Protección de las víctimas y riesgo institucional
Ramos Ossorio argumentó que mantener la medida resulta necesario para garantizar la protección de las víctimas y evitar que una eventual flexibilización derive en algún tipo de provecho para la imputada.
Además, advirtió que la liberación de Moya podría generar un impacto negativo en la percepción social de la justicia y frustrar el derecho de los damnificados a obtener una respuesta adecuada por parte del sistema judicial.
Jurisprudencia y antecedentes
El fiscal también señaló que el criterio adoptado se apoya en antecedentes de la jurisprudencia nacional en casos de gran repercusión social, donde se evalúa no solo la situación individual del imputado, sino también el impacto de las decisiones judiciales en la comunidad.
A la espera del juicio
Moya se encuentra próxima a ser juzgada como jefa u organizadora de una asociación ilícita, en una causa que incluye 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado en concurso ideal.
Con esta resolución, la Justicia ratificó que la acusada continuará bajo detención domiciliaria, mientras avanza el proceso que deberá determinar su responsabilidad en uno de los casos más relevantes por su cantidad de víctimas.