El presidente del Colegio de Arquitectos de Salta (CAS), Gustavo Giachero, aseguró que distintos episodios ocurridos en los últimos años en nuestra provincia, como el derrumbe de la Escuela Primaria de El Galpón en 2015 o el reciente incendio del Mercado San Miguel, son hechos que, si bien no dejaron víctimas fatales gracias al horario en que ocurrieron, representan "una clara luz roja sobre la precaria situación de seguridad de muchos edificios antiguos, que pertenecen al Estado y/o son patrimoniales".
En este sentido, destacó que el Colegio de Arquitectos de Salta, conjuntamente con el Copaipa, presentó un proyecto de reglamentación de la Ley Nº 7.740, que establece el "Plan de Verificación de Condiciones Mínimas de Seguridad de Edificios de Uso Público". La norma, que tiene 14 años desde su promulgación, permitiría al Estado adecuar progresivamente estos edificios. Sin embargo, Giachero lamentó que "nos está faltando la voluntad política para avanzar en esta materia, lo que creemos se debe a que solo se está sopesando la cuestión económica, es decir, la partida presupuestaria necesaria para adecuar estos edificios".
Normas
Giachero explicó que esta ley nació con el objetivo de relevar todos los edificios construidos antes de 1980, año en que entró en vigencia la Ley Nº 5.556 de Verificación de Normas Sismorresistentes. Esta normativa abarca todos los edificios patrimoniales, como el Convento San Bernardo y el Cabildo, "a efectos de realizar un diagnóstico particularizado de cada uno de estos edificios, debido a que la mayoría no cumple con ninguna de las normas vigentes a la fecha. Con este diagnóstico, se puede avanzar en las adecuaciones correspondientes, para alcanzar las Condiciones Mínimas de Seguridad, siendo esto una medida preventiva de siniestros, de vital importancia para toda la ciudadanía".
Seguridad
Asimismo, Giachero, quien presidió la Copaups (Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico), resaltó que "hasta el momento, solo cuando hay situaciones de cierta gravedad o es palpable la afección de un edificio patrimonial, se despierta el interés por el tema de la seguridad y el mantenimiento de los edificios públicos. Un claro ejemplo es lo que sucedió con la Catedral Basílica de Salta el año pasado, cuando el desprendimiento del revoque provocó la rotura de una banca, hechos que lamentablemente son atendidos en forma puntual, cuando se podría atacar de raíz la situación con la reglamentación de la Ley Nº 7.740".
Respecto a lo propuesto en esta reglamentación, Giachero precisó que se plantean estudios sobre estos edificios en base a la documentación técnica disponible, "y en el caso de que no exista esta documentación, se la genere", obteniendo así un relevamiento del estado del edificio. "Es decir, se parte de la documentación técnica de lo existente para detectar todas las patologías que tiene el edificio, el estado de sus instalaciones, etc., y en base a eso se hace un diagnóstico y un proyecto de puesta en funcionamiento o de transformación, para que el mismo cumpla con las normas, entre ellas las de seguridad y las eléctricas".
Por último, el presidente del CAS recalcó que "la ley abarca edificios educativos, de salud, religiosos, cubiertos y descubiertos para espectáculos, organismos de seguridad, hoteles y todos aquellos que integran el patrimonio histórico arquitectónico de la provincia. Es un número grande de edificios, es decir, que hay un gran trabajo por hacer. El proceso será muy largo, pero es vital encararlo, más teniendo en cuenta que habitamos en una zona de alto riesgo sísmico". Por estos motivos, concluyó que se espera que, con la ayuda de la opinión pública, este tema tome fuerza y se convierta en agenda política.
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