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Integrantes de la Policía de Salta denunciaron hace unos días a los directores de la Unidad Regional 8 Pichanal por encubrir diferentes hechos delictivos. Al respecto, el ministro de Seguridad de Salta, Marcelo Dominguez, aseguró que se investigó la denuncia y se trató de "un mensaje anónimo de WhatsApp": "hay que aclarar que los policías fueron investigados y han tenido sanciones administrativas a faltas menores", sostuvo.
Dominguez agregó que las sanciones corresponden a los controles internos y se trata de faltas menores como dormirse en la guardia, actos de inconducta, no presentarse en el horario respectivo y hechos de mayor entidad que determinaron la inmediata denuncia ante la Fiscal de distrito y hay actuaciones en el área respectiva.
Por otro lado, mencionó que las acusaciones contra los policías de Rivadavia son faltas graves, están investigándose y aún no se descarta nada.
Respecto a si hay efectivos de alto rango involucrados en las acusaciones, Dominguez sostuvo que se investigará a todo el personal policial: “el criterio que impusé desde la hora cero que asumí como ministro, es que dentro de la ley todo y no vamos a permitir ningún hecho”.
"La policía está integrada por aproximadamente 12.000 personas, hay más de 8.800 en actividad y estas circunstancias suceden y el policía debe saber cuáles son las consecuencias", agregó.
En cuanto a los bienes secuestrados en el interior de la provincia, Dominguez hizo hincapié en la necesidad de talleres y galpones para depositarlos y que las instalaciones policiales "no son depósitos": "hay hechos de faltantes descubiertas, además de todo el trabajo que tenemos que hacer, también nos encargamos de que no falten los elementos secuestrados y del cuidado y custodia de los bienes y las personas", finalizó.
La denuncia
De acuerdo con lo denunciado, los jefes de la UR 8, comisario general Mariano Velázquez y el comisario mayor Cristian Chaile Maldonado, saben acerca del accionar ilícito de algunos policías del destacamento Rivadavia y no hacen nada. Al parecer estos malvivientes disfrazados de policías llevan a cabo procedimientos ilegales en los que interceptan a los bagayeros, a quienes les quitan lo que transportan, elementos que nunca son documentados como secuestrados.
Por el contrario, siguen bajo la sombra de la ilegalidad y luego son vendidos por los mismos policías. A veces los mismos elementos son utilizados como "obsequios" para sus jefes para "comprar" el silencio que necesitan en el marco de la impunidad. Entre las acusaciones, apuntan que a uno de los jefes de la UR 8 lo único que le gusta es recibir regalos y buscar mujeres. Lo acusan de maltratador.
Además del robo de bolsones (hojas de coca) o el secuestro de neumáticos que luego son vendidos por los policías, las denuncias también señalan delitos como el tráfico de droga y hasta la exigencia de pagar el silencio con favores sexuales, que accederían por temor a represalias.