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La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a la nueva Ley de Ministerios enviada por el gobernador Gustavo Sáenz, en una sesión marcada por la rapidez del tratamiento, ya que la iniciativa ingresó directamente sobre tablas. El proyecto fue aprobado por mayoría, con el único voto negativo del diputado Roque Cornejo, y representa una reestructuración del esquema político-administrativo del Ejecutivo.
La propuesta elimina el Ministerio de Infraestructura, actualmente conducido por Sergio Camacho, cuya estructura y competencias pasarán a depender de la nueva Jefatura de Gabinete de Ministros creada por la ley. Camacho continuaría desarrollando las mismas funciones, e incluso ampliadas, pero bajo otra dependencia. Desde la Casa de Gobierno remarcaron que el rediseño fue elaborado con el objetivo de optimizar "la administración estatal sin afectar su funcionamiento ni capacidad operativa".
Con la aprobación del proyecto, la estructura del gabinete se fijará en ocho ministerios, además de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Gobernación. La reducción más significativa se observa en el nivel de Secretarías de Estado, que pasarán de 48 a 30, lo que implica un recorte del 37,5%. Según el mensaje oficial, esta decisión busca disminuir el tamaño de la estructura gubernamental con criterios de austeridad y eficiencia, pero sin resentir el normal desarrollo de la gestión.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fundamenta los cambios en las atribuciones que la Constitución Provincial le otorga para organizar la administración y definir el número y las competencias de ministros y secretarios. En los argumentos remitidos a la Legislatura se señala que la eliminación del Ministerio de Infraestructura y de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas —creada por decreto en 2019— permitirá unificar tareas que, de lo contrario, quedarían dispersas entre distintos funcionarios, generando mayor costo y menor eficacia. La creación de la Jefatura de Gabinete se plantea así como un mecanismo para concentrar funciones y mejorar la coordinación interna del Gobierno.
La reestructuración también alcanza a varias áreas específicas. El actual Ministerio de Gobierno pasará a llamarse Ministerio de Gobierno y Justicia, incorporando competencias vinculadas al sistema de administración de justicia. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad adquirirá un perfil más definido, orientado exclusivamente a las políticas de prevención del delito, seguridad vial, lucha contra el narcotráfico, articulación con fuerzas federales y manejo de emergencias. El Ejecutivo justificó estos cambios en la necesidad de fortalecer el desarrollo del Plan Güemes y del Plan Roca.
En el área productiva, la cartera correspondiente adoptará la denominación de Ministerio de Producción y Minería, con el fin de reflejar el crecimiento y la importancia estratégica del sector minero dentro de la economía salteña. A su vez, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos sumará las funciones vinculadas a la modernización del Estado, bajo el argumento de que estas decisiones deben recaer en el órgano responsable de la hacienda provincial para no comprometer el equilibrio fiscal.
El proyecto define también el orden de prelación de las nuevas carteras: en primer lugar se ubica la Jefatura de Gabinete de Ministros, seguida por los ministerios de Gobierno y Justicia; Economía y Servicios Públicos; Desarrollo Social; Educación y Cultura; Salud Pública; Producción y Minería; Turismo y Deportes; y finalmente Seguridad.
En el mensaje enviado al Parlamento, el gobernador sostuvo que esta reorganización constituye una herramienta clave para mejorar el funcionamiento gubernamental, elevar los estándares de eficiencia y reducir de manera considerable la estructura administrativa del Estado. Tras obtener media sanción en Diputados, la iniciativa será enviada ahora al Senado para su tratamiento definitivo.
Camacho, ahora en los papeles, el súper ministro
Aunque oficialmente no se mencionaron nombres, todos las líneas del Gobierno apuntan a que Sergio Camacho asumirá un rol de mayor gravitación dentro del nuevo esquema político que propone la Ley de Ministerios. La eliminación del Ministerio de Infraestructura —una cartera históricamente central por la magnitud de recursos, obras y decisiones estratégicas que manejaba— no implica, según interpretan en el oficialismo, una pérdida de influencia para Camacho, sino más bien un reacomodamiento que lo coloca más cerca del corazón de las decisiones del Ejecutivo.
Lo llamativo no es solo que Infraestructura desaparezca como ministerio, sino que sus competencias se trasladen directamente a la Jefatura de Gabinete, un área que será la nueva usina de coordinación política y administrativa del Grand Bourg. Ese movimiento sugiere una intención explícita: concentrar las decisiones de obra pública, planificación y gestión técnica en un ámbito más próximo al gobernador.
Del otro lado hacen notar, que la eliminación del Infraestructura (Obra Pública) como ministerio va más en sintonía con los tiempos del gobierno libertario. Donde claramente no tiene peso ese aspecto. Camacho es uno de los ministros que está desde el minuto uno en la gestión.
Justicia a Gobierno en tiempos cambios en la Corte
La decisión de que el Ministerio de Gobierno —conducido por Ricardo Villada— vuelva a absorber el área de Justicia llega en un momento particularmente sensible para el Ejecutivo. En estas semanas vencen los pliegos de los jueces de Corte Guillermo Catalano y Roberto Samson, y el Gobierno deberá proponer dos nombres.
La medida no es menor. En el Ejecutivo reconocen que era más operativo separar Justicia de Seguridad, sobre todo porque desde febrero empezará a implementarse el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial Centro.
El diputado José Gauffín celebró el retorno de Justicia al Ministerio de Gobierno, aunque no dejó pasar su crítica: "Esta modificación es tardía. Tendría que haberse hecho hace dos años. Vienen épocas difíciles, hay que gestionar con más austeridad", señaló, para luego apuntar que la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia fue "un capricho de un exministro".
Para Gauffín, Gobierno es el ámbito natural para ese tipo de decisiones institucionales, porque es el que articula directamente con la Corte, con la Legislatura y con las áreas que sostienen el vínculo interinstitucional. Por otra parte, la pregunta que lanzó en el recinto —"¿Qué tiene que hacer Saeta en Gobierno?".
Los puntos más picantes del debate en la sesión de Diputados
El diputado Guillermo Durand Cornejo reconoció que la ciudadanía recibe con buenos ojos la reducción de áreas, advirtió que la letra del proyecto deja entrever otra lectura: las Secretarías que se eliminan serían reconvertidas en programas de Gobierno, lo que, según señaló, mantendría prácticamente intacta la planta existente. "Me sorprendió —dijo— que esas Secretarías se van a reconvertir en programas. Es decir, seguirá la misma planta que había".
A su turno, la diputada Socorro Villamayor pidió remitirse directamente al texto del proyecto, específicamente al artículo 30, que establece que el gobernador podrá crear Secretarías y Subsecretarías según las necesidades del Ejecutivo, siempre que el total no supere las treinta. La legisladora subrayó que el límite fijado por la ley es claro y que la normativa habilita al Ejecutivo a reorganizar y reasignar funciones mediante decreto.
El debate tomó otro tono con la intervención del diputado Roque Cornejo, quien anticipó su voto negativo y fundamentó su postura en una cuestión institucional vinculada al rol del Poder Legislativo. Cuestionó que una reorganización de esta magnitud —que implica reasignación de fondos públicos y rediseño de estructuras estatales— fuese tratada sin un debate serio en comisiones.
Nueva Ley de Gabinete vs. los recursos: el ajuste no aparece
Mientras la nueva Ley de Ministerios avanzó por su circuito parlamentario, la Cámara de Diputados también debatió en paralelo el Presupuesto 2026, un documento clave que permite dimensionar con claridad la magnitud actual del Estado antes de que se concrete la reestructuración anunciada por el Ejecutivo.
Según la proyección oficial, la planta total prevista para 2026 asciende a 73.553 cargos, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se trata de una cifra superior a la del presente ejercicio, que en el Presupuesto 2025 contempló 72.119 empleados.
En otras palabras, el cálculo inicial del Ejecutivo muestra un crecimiento neto de la planta estatal previo al ajuste orgánico que pretende introducir la nueva Ley de Ministerios. El recorte anunciado por la diputada Socorro Villamayor, por lo tanto, todavía no se refleja en la proyección numérica del presupuesto y quedará condicionado a la aplicación efectiva de la reforma estructural, cuyo debate recién comienza en la Legislatura y que deberá traducirse luego en decisiones administrativas concretas por parte del Gobierno.
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