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En un contexto de cuestionamiento social hacia el funcionamiento del Poder Judicial, el juez de Impugnación de la Sala I, Luciano Martini, visitó la redacción de El Tribuno para reflexionar sobre ese tema, las reformas en marcha, la implementación del nuevo Código Procesal Penal y el impacto que tendrán herramientas como la oralidad y el juicio por jurados. También fue consultado por el caso de las turistas francesas.
Vemos que la sociedad está reclamando justicia, que a veces descree de algunos fallos, que cuestiona. ¿Cómo se mira toda esta situación que estamos atravesando dentro del Poder Judicial?
Mirá, sabemos que la imagen de la Justicia, lamentablemente, no es buena, como la de la mayoría de las instituciones públicas. Eso a nosotros nos pone en la obligación de ahondar esfuerzos. Pero también creemos que esta imagen, a veces con razón, a veces sin razón, tiene un montón de causas. Entre esas causas, por ejemplo, está este viejo apotegma según el cual los jueces solo hablan por sus sentencias. Esto, indudablemente, nos aleja de la sociedad, nos impide a veces explicar, contestar ante una información que no es tan verídica, nos impide flexibilizarnos en nuestra labor. Pero además, esta imagen que se tiene de la Justicia creo que pasa porque se la ve como un órgano lejano y muy burocrático. Y esos aspectos, de algún modo, están siendo atacados a partir de todas las reformas que estamos teniendo en el Poder Judicial.
Entre esas causas, por ejemplo, está este viejo apotegma según el cual los jueces solo hablan por sus sentencias. Esto, indudablemente, nos aleja de la sociedad, nos impide a veces explicar, contestar ante una información que no es tan verídica, nos impide flexibilizarnos en nuestra labor.
Pero además, esta imagen que se tiene de la Justicia creo que pasa porque se la ve como un órgano lejano y muy burocrático. Y esos aspectos, de algún modo, están siendo atacados a partir de todas las reformas que estamos teniendo en el Poder Judicial.
Se está implementando todo lo que es la oralidad, y la oralidad, esta inmediación al resolver con quien es el destinatario de la resolución, evidentemente acerca al juez a la sociedad y nos permite una distinta visión.
A la vez, la desburocratización tiene que ver con procedimientos y procesos que muchas veces son antiguos. Hoy estamos a las puertas de la implementación, al menos en materia penal, de un nuevo Código Procesal. Ese nuevo código persigue justamente, además de la oralidad, simplificar los asuntos judiciales, acercar al juez a la gente y, de algún modo, a la par de perseguir la justicia, buscar la reparación del asunto que dio lugar a la intervención judicial.
O sea, para que la gente entienda, este Código Procesal Penal que se aprobó este año en la Legislatura, entre otras cosas, va a acelerar todo el proceso y esto de la oralidad busca que aquella persona que quiera ver la audiencia la pueda ver públicamente. Todas las audiencias serán públicas, con lo cual no solo con el justiciable vamos a tener inmediación, sino que la sociedad pueda constatar lo que se está haciendo a lo largo de todo el proceso. Hoy es pública la finalización.
Doctor, ¿cree que esos puntos, ante esta crisis que hay en la institucionalidad judicial —porque todo el mundo cuestiona, incluso se habla de una crisis de la democracia—, pueden ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía en la Justicia?
Esperemos que sí. Esperemos que se restablezcan un montón de valores que, como vos dijiste, se han ido perdiendo. La crisis alcanza a todo lo institucional y con mucha fuerza a la Justicia.
La posibilidad de acercarnos a la gente y de encontrar soluciones a conflictos que antes no encontrábamos —porque el proceso penal se dirigía casi netamente a la imposición de una pena— hoy se amplía. Ahora, a la par de la imposición de la pena, se busca restablecer lo que el conflicto penal rompió a través de un montón de medios alternativos de solución del conflicto. Creo que eso puede crear una mejor sensación respecto de la Justicia.
¿Y el juicio por jurados cree que va a sumar en ese sentido?
Indudablemente. El juicio por jurados es un modo de participación directa en la cosa pública. Está proclamado por nuestra Constitución histórica de 1853 y por distintas circunstancias recién ahora en las provincias se empieza a instaurar.
La participación ciudadana es esencial. Esto va a permitir que en una cuestión muy particular —determinar si el hecho existió y si la persona acusada es o no responsable— sea la sociedad quien lo decida a través de esos representantes que conforman el jurado. Los jueces y los demás operadores auspiciaremos de directores de ese procedimiento para que ellos puedan decidir libremente y sin presiones.
Es un gran avance en términos de confiabilidad y participación ciudadana.
Para emitir un veredicto, ¿todos los jurados tienen que ponerse de acuerdo?
Así es. Es una tarea difícil, hay varias películas y series al respecto, sobre lo complejo que es ponerse de acuerdo. Pero es sabia la máxima según la cual la voluntad unánime de doce personas que determinan una cuestión difícilmente sea errada.
En el nuevo Código Procesal Penal hay nuevas figuras investigativas, como el agente encubierto. ¿Cómo le va a cambiar la vida a la gente esta aplicación del código, más allá de la transparencia?
Además de la oralidad, de la simplicidad de los procesos y de los métodos alternativos de solución de conflictos, el nuevo código trae herramientas investigativas acordes a los tiempos que corren. Los códigos anteriores tenían previsiones superadas por la tecnología. Hoy el código respeta la división de funciones: la investigación y la acusación corresponden al Ministerio Público Fiscal y eventualmente a la víctima como querellante. Nosotros, como jueces, debemos controlar que esa investigación no vulnere garantías constitucionales y decidir en base a la prueba aportada. El juez ya no investiga. Desde 2011 el juez absuelve o condena según la prueba que presentan las partes.
Hoy se habla de teoría del caso: cada parte presenta su posición y el juez decide en base a ellas. El juez ha perdido la posibilidad de suplir deficiencias investigativas. Si la investigación es defectuosa, se decide en base a eso. Es el fiscal quien debe demostrar la verdad más cercana posible.
Al comienzo habló de errores propios y ajenos que afectaron la credibilidad. ¿Cuáles son los errores propios de la Justicia?
No entiendo el error desde el punto de vista de la resolución judicial, porque para eso existen remedios: los recursos y las instancias. Lo achacable muchas veces es la demora.
Esa demora tiene que ver con la creciente litigiosidad y con factores reales: en el Distrito Centro tenemos un juez de garantías cada 87 mil personas. En el interior, uno cada 100 mil. Además, la burocracia y las posibilidades de recurrir eternizan los procesos.
Los tratados internacionales amparan el derecho del acusado a recurrir. El error judicial tiene remedios; lo que lleva al descrédito es la demora.
Usted tuvo el caso de las francesas que ahora se sigue en Francia. ¿Puede opinar al respecto?
Es un caso cerrado respecto de los primeros imputados, por lo que puedo emitir alguna opinión. Todo está publicado: los fallos y la audiencia de debate están en Internet. En esa audiencia expusieron distintas expertos genetistas, entre ellos el doctor Corach, quienes encontraron ADN la persona que finalmente fue sobreseída (de Santos Clemente Vera) en las partes íntimas de las víctimas. Es un cromosoma Y que demuestra que alguien de patrilínea de Vera estuvo allí.
Luego la Corte Suprema no contradijo esa conclusión ni determinó inocencia. Dijo que el Tribunal de Impugnación no podía emitir condena como segunda instancia, aunque en otros casos había convalidado lo contrario.
No hubo entonces absolución ni condena… Se dijo que no se puede tener a una persona tanto tiempo sometida a un proceso judicial.
Eso dijo el sobreseímiento dictado...
¿Cómo es la relación entre la Corte y las provincias?
La Corte es pendulante en sus pronunciamientos. Eso influye en la Justicia local porque fija criterios que luego cambia. Es lógico que evolucione, pero debemos estar atentos y no contradecir esos fallos.
Para graficar la carga de trabajo: ¿están tapados de expedientes?
Yo hoy tengo alrededor de tres causas, porque estoy en segunda instancia. El expediente va a desaparecer con las reformas; lo único que habrá serán audiencias fijadas por una oficina administrativa.
No sé cuántos expedientes maneja hoy un juez de garantías, pero es proporcional a las denuncias. Solo en violencia de género se radican unas cien denuncias diarias en la provincia.
¿Los casos que llegan son más violentos?
Lamentablemente sí. En 2024 hubo alrededor de 70 homicidios. Los delitos sexuales se multiplicaron y representan cerca del 80% de lo que llega a revisión. Muchos se cometen en el ámbito intrafamiliar y contra niños, niñas y adolescentes.
Hay mucha violencia. En Salta no es tan común el robo violento con muerte como en Buenos Aires; aquí predominan los delitos intrafamiliares, la violencia de género y los homicidios.