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La asunción de Ernesto Fernando "Kila" Gonza como concejal de San Lorenzo no fue un error administrativo ni un hecho fortuito: fue el resultado de una cadena de decisiones judiciales y políticas que, combinadas, terminaron dañando la institucionalidad del municipio y debilitando la credibilidad del Concejo Deliberante. Ahora deben sacarlo del cargo.
Gonza arrastra desde 2022 una condena penal en doble instancia por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos durante su gestión como intendente. La pena impuesta fue de tres años de prisión de ejecución condicional y inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, sanción que fue confirmada y luego agravada por el Tribunal de Impugnación, al considerar que los delitos no fueron tentados sino consumados.
Pese a ese escenario judicial claro, la lectura definitiva de la pena fue postergada en reiteradas oportunidades. La audiencia clave fue suspendida varias veces y, en un dato imposible de soslayar, la última suspensión se produjo el 9 de diciembre, apenas un día antes de que Gonza jurara como concejal. Esa demora no fue neutra: habilitó políticamente una asunción que estaba jurídicamente cuestionada.
El Tribunal de Impugnación llegó incluso a declarar la rebeldía de Gonza y ordenar su detención, luego de que el exintendente no se presentara a una audiencia pese a estar notificado. Aun así, el proceso judicial avanzó con dilaciones que terminaron impactando directamente en el escenario político local.
La segunda responsabilidad fue política y recayó de lleno en el Concejo Deliberante de San Lorenzo. Durante la sesión preparatoria, el concejal Juan Pablo Dávalos (La Libertad Avanza) presentó una resolución para suspender preventivamente la asunción de Gonza hasta que el cuerpo analizara si existía una inhabilidad moral sobreviniente, figura prevista para resguardar la ética institucional.
La propuesta fue rechazada. Votaron en contra de la suspensión Agustina Rodríguez Laconi, el hermano del condenado, Aldo Gonza, y Carlos Maldonado, quien luego quedó como presidente del Concejo. A favor votaron Dávalos, Guadalupe Sosa y Agustina Saravia. El resultado habilitó la jura y dejó al descubierto una mayoría dispuesta a mirar para otro lado, incluso frente a una condena penal vigente.
Desde el propio recinto se deslizó la sospecha de acuerdos políticos internos para permitir la asunción, vinculados a la conformación de las autoridades del cuerpo. Más allá de las interpretaciones, el dato objetivo es que el Concejo tuvo la posibilidad de evitar el daño institucional y decidió no hacerlo.
Este martes, finalmente, la Sala IV del Tribunal de Impugnación celebró la audiencia pendiente y fue categórica: impuso a Gonza la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier cargo público.