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A días de asumir como secretario de Minería de la Provincia, Gustavo Carrizo brindó una entrevista en Radio Salta en la que se refirió al estado del proyecto de cobre Taca Taca, a los pasos que restan para completar su estudio de impacto ambiental y a la conformación de una mesa de exploración minera con participación de los distintos actores del sector. También repasó los lineamientos de gestión, la relación con las empresas y el debate nacional en torno a la Ley de Glaciares.
Es abogado, no proviene del sector minero y su última función ejecutiva fue en el IPV. ¿Cómo llega a la Secretaría de Minería y cuál es el enfoque que busca darle a la gestión?
Cuando asumí como senador fue un cambio rotundo: pasar del Poder Ejecutivo al Legislativo. En ese proceso entendí que era necesario fortalecer los sectores productivos y de desarrollo, y ahí empecé a participar activamente en la Comisión de Minería. Me especialicé en todo lo que tuviera que ver con acelerar el motor de la minería. Ese recorrido es el que hoy me permite estar acá. Argentina hoy discute cuáles deben ser los niveles de intervención del Estado, pero al mismo tiempo tiene que analizar qué asimetrías debe corregir. Ahí es donde entran en juego políticas públicas clave como la minería. Pasó de ser una actividad casi artesanal o secundaria a convertirse en un motor de nuestra economía.
Se le reconoce un perfil de gestión. ¿Cuáles son los objetivos inmediatos de esta nueva etapa y qué cambios busca imprimirle al funcionamiento de la Secretaría?
Exactamente. No solo a la Secretaría, sino a todo lo que se vincula con el sector. Asumimos un día por la tarde y esa misma noche ya armamos una agenda que veníamos trabajando. Al día siguiente estuvimos en la Puna, en el proyecto de POSCO, junto al presidente y los vicepresidentes de la empresa. Definimos una agenda bimestral con objetivos concretos, y así lo vamos a hacer con cada proyecto minero. Muchas cosas se pueden resolver de manera remota, pero no es lo mismo estar en el lugar, hablar con la gente, con los responsables de cada área, y transmitirles el camino que queremos desde la Provincia. Eso se entendió. Ya la empresa volvió a presentarse para cumplir con las primeras pautas de trabajo, y así vamos a avanzar con todos los proyectos.
Uno de los reclamos del sector minero tiene que ver con los tiempos de aprobación de los estudios de impacto ambiental, un punto que también fue señalado por el gobernador. ¿Esta renovación en la Secretaría apunta a acelerar esos procesos?
Sin dudas. Hay una ventana de inversión que no podemos desaprovechar. La Provincia necesita estas inversiones y las empresas necesitan la documentación para avanzar. Esa documentación tiene que resolverse acá. Yo no voy a mandar expedientes de un lado a otro para esperar tiempos indefinidos. Nos sentamos los dos equipos y lo resolvemos en el escritorio. Ya nos reunimos con los responsables del proyecto Taca Taca, que viene con un proceso largo, y armamos una agenda que incluye contenido local, control y fiscalización, y la agenda ambiental. Son muchos temas, pero la idea es resolverlos de manera directa y coordinada.
¿La Secretaría cuenta con los recursos humanos y las herramientas necesarias para agilizar evaluaciones y controles en territorio?
Sí. REMSa ya había contratado profesionales que hoy forman parte de la estructura. Además, se están conformando dos subsecretarías, una de Minería y otra de Energía. En cuanto a herramientas, contamos con movilidad y equipos suficientes, y eso no puede ser un obstáculo para avanzar. Cuando estábamos en el Senado recibimos a todo el sector, no solo a las empresas sino también a sus áreas técnicas, de contratación y ambientales. El reclamo principal era la falta de celeridad. En la primera reunión que tuvimos ya como autoridades, el martes pasado, les planteamos claramente cómo íbamos a trabajar. En 48 horas ya vimos resultados concretos.
Mencionó el proyecto Taca Taca, que de concretarse tendría un fuerte impacto en la economía provincial. ¿En qué instancia se encuentra hoy el estudio de impacto ambiental y cuáles son los próximos pasos?
Ya nos reunimos con la empresa y de inmediato se sumó el secretario de Ambiente. Armamos una agenda que vamos a terminar de cumplir el lunes, cuando vuelva a venir el equipo técnico completo. No falta mucho tiempo, estamos avanzando.
¿Es posible estimar un plazo para la aprobación del estudio o todavía quedan instancias clave por cumplir?
No, pero no falta mucho. Programamos un viaje a la zona del campamento para verificar cuestiones que consideramos importantes. Hay un punto clave que tenemos que aprovechar, que es el RIGI, que vence en junio del año próximo. Sin ese régimen es muy difícil avanzar en proyectos de esta escala. Sin RIGI no habría avanzado Rio Tinto y tampoco avanzaría Diablillos. Hay que mirar todo el espectro y resolver muchas cosas en simultáneo.
En los últimos años, la minería en Salta tuvo un fuerte impulso durante la etapa de construcción de proyectos, pero luego se produjo una meseta en las inversiones. Según el diálogo que viene manteniendo con las empresas, ¿cómo proyecta la evolución del sector hacia 2026?
Soy optimista. De los proyectos de escala, Diablillos, de la empresa AbraSilver, ya entra en fase de construcción y solicitó el RIGI. Estamos esperando la aprobación de Nación para que comiencen las obras. Pero hay algo que les dije a las empresas cuando nos reunimos: el verdadero futuro de la Provincia está en la exploración. Tenemos que explorar mucho más. La Puna está en gran parte inexplorada y el potencial geológico está demostrado. Vamos a constituir una mesa de exploración minera, con todos los actores involucrados, para darle más velocidad a ese proceso. Esa es la base del desarrollo, la infraestructura, el empleo y el valor agregado de la próxima década.
En el Congreso se debate una modificación a la Ley de Glaciares. Desde la perspectiva de Salta, ¿cómo analiza ese debate y qué impacto podría tener en la actividad minera provincial?
La ley es bienvenida. Lo importante es compatibilizar la agenda ambiental con la de desarrollo sostenible. La normativa anterior dejaba definiciones libradas a decretos. Ahora participan las provincias, el Instituto de Nivología, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la forma correcta de hacer las cosas. Las provincias van a tener voz y eso es clave para saber cómo se protege el agua para consumo, agricultura y recarga de cuencas.