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Por Pablo Juárez y Nelson Colque
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, analizó la compleja realidad de la frontera norte, cuestionó decisiones judiciales que, a su entender, debilitan la lucha contra el delito y planteó la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial. En una extensa entrevista, habló sobre inseguridad, coordinación entre fiscales y jueces, la reiterancia, el endurecimiento del Código Penal y los límites de las políticas de seguridad en zonas de frontera.
Fiscal, en los últimos días tuvo casos que tuvieron fuerte repercusión. ¿Cómo se trabaja desde la Fiscalía en una zona como Salvador Mazza?
Yo siempre digo que Salvador Mazza es una isla. Es una isla donde los parámetros que uno puede aplicar en Buenos Aires, Córdoba, Salta capital o incluso Tartagal, no sirven. Estamos en una zona de frontera seca y ahí el factor determinante es el tiempo. Tres minutos que se pierden son tres minutos que el delincuente ya está en Bolivia y no lo ves más.
¿Ese factor tiempo cambia por completo la dinámica del delito?
Totalmente. Cuando hablo con las fuerzas de seguridad —Gendarmería, Policía, Brigadas, Drogas— siempre les remarco lo mismo: acá no se puede trabajar como en otros lugares. Un robo calificado, por ejemplo: entran a un negocio, salen a los cinco minutos y ya están del otro lado de la frontera. Pueden haberse llevado 30 millones, 80 mil dólares, lo que sea. Vos después tenés todos los datos, pero no a los autores, porque ya están fuera del país. Para mí Salvador Mazza necesita un sistema 911 propio, con videovigilancia funcionando como prevención, como un "gran hermano". Toda la ciudad monitoreada. Así se puede advertir que alguien está entrando a robar, coordinar con todas las fuerzas y cerrar un anillo rápidamente. Si eso no existe, es prácticamente imposible bajar el delito.
Usted ya había planteado esa necesidad anteriormente.
Sí, lo planteé al intendente, a empresarios, a distintos sectores. Muchos decían "yo pongo todo", pero esto no es solo dinero. Tiene que haber coordinación con la Provincia, un sistema integral. También la policía debe trabajar con GPS para controlar las zonas y los tiempos de respuesta. Acá el tiempo es todo. Siempre digo a la gente que no denuncie por redes sociales. Eso lo único que hace es alertar al delincuente. En dos minutos está en Bolivia. Después tengo que pedir capturas internacionales que pueden tardar meses o años. Acá hay que anticiparse, no se puede trabajar con la lógica de otros lugares.
En ese contexto se dio un caso reciente en la zona de Pacará. ¿Qué ocurrió?
Pacará es una zona muy cercana a la frontera. Ahí la Policía aprehendió a tres personas que tenían varias armas, dinero, capuchas y motos robadas, sin poder acreditar propiedad. Yo califiqué el hecho como tenencia y portación ilegítima de armas, agravada por el número de personas, y pedí la detención. Pero el juez de Garantías no hizo lugar al pedido. El juez de Garantías, (Héctor) Mariscal Astigueta, no hizo lugar. Legalmente puede hacerlo, pero para mí fue una decisión pésima. Absolutamente nefasta. Al día siguiente, Brigadas de Tartagal informó que esas personas aparecían en videos cometiendo delitos en Tartagal. En Salvador Mazza también había indicios de otros hechos. Si quedaban detenidos, ya había investigaciones en curso de mi parte y de fiscales de Tartagal. Pero al dejarlos en libertad, se fueron.
Eso afecta el trabajo de la Fiscalía...
Claramente. Yo lo vi como una falta de compromiso con la administración de justicia. Y esto se agravó con otro caso reciente, el de una persona que mató a patadas a un perro, un animal pequeño, y también pedí la detención. Nuevamente el juez no hizo lugar.
Además hubo versiones que circularon en redes sobre su actuación.
Sí, hubo información falsa diciendo que yo no había pedido la detención de esas personas, que yo no había actuado. Eso es mendaz. Yo sí pedí la detención. Por eso el lunes hice una aclaración pública, como lo indica el artículo 263 del Código Procesal Penal, cuando hay información errónea en la prensa. Me afectó muchísimo, porque una sola declaración falsa alcanza para confundir a toda la sociedad.
¿Cómo debería ser la relación entre fiscalía y juzgado de garantías?
Tiene que ser una relación coordinada. El fiscal investiga; el juez controla las garantías constitucionales, como establece el artículo 41 del Código Procesal Penal. Yo pido detenciones y allanamientos, el juez dice sí o no, y yo sigo investigando. Esa coordinación debe regirse por el principio de objetividad, más allá de cualquier otra consideración.
Fiscal, cuando no hay coordinación en la Justicia, las críticas sociales se profundizan. ¿Cómo impacta eso en la credibilidad del sistema?
Es lógico que la Justicia tenga críticas. ¿Cómo no las va a tener si la gente ve este tipo de decisiones? La sociedad no cree en la Justicia y lo expresa con palabras durísimas contra fiscales y jueces. En este caso particular, yo tuve que salir a hablar porque no podía tolerar quedar involucrado en algo que no era cierto. Se difundió información falsa, una fake news, y tuve que aclararlo.
Usted va más allá del caso puntual y plantea una reforma profunda del sistema judicial.
Exacto. Yo fui asesor en la reforma de la Constitución provincial de 1998, una de las más integrales que se hicieron. Y ya en ese momento pensaba si la Justicia iba a cambiar en serio. Para mí, la clave está en que jueces, fiscales, defensores y asesores de menores tengan que revalidar su idoneidad a los cinco años de haber sido designados. Incluido yo. Yo salí primero en mi concurso, con 77,35 puntos, entre casi cuarenta postulantes. Pero si la Constitución dice que a los cinco años tengo que revalidar, lo hago. Eso sí: con evaluaciones serias, psicológicas, con profesionales que no sean de la zona, y con exámenes escritos alfanuméricos para garantizar imparcialidad. Si queremos que la Justicia mejore, la reforma tiene que ser integral.
¿Las reformas actuales alcanzan para mejorar la seguridad?
No. Con la reforma del Código Penal no se van a evitar los delitos. Subir penas no elimina el delito, lo dicen hasta los propios autores de los proyectos. La reforma del Código Procesal sí agiliza, porque introduce oralidad, contradicción, el sistema adversarial, que ya está aprobado y es similar al federal. Pero allí aparece una contradicción entre ambos sistemas. El Código Procesal plantea como norte la pacificación social, evitar conflictos mediante mediación, conciliación, juicios abreviados, probation. Pero el Código Penal va en sentido contrario, con penas cada vez más duras y sin salidas. ¿Cómo compatibilizás esas dos miradas?
En ese marco aparece la discusión por la ley de reiterancia.
Es un tema que me preocupa mucho. La reiterancia implica que una persona con varias causas previas pueda quedar detenida preventivamente. Pero ahí chocás con principios básicos: el artículo 2 del Código Penal dice que la ley penal solo es retroactiva cuando beneficia al imputado. Acá es al revés. Además está el principio de inocencia.
¿Qué riesgos ve en su aplicación?
Que se tomen decisiones discrecionales aberrantes. Una persona puede terminar presa preventivamente por causas que después terminan en absoluciones o sobreseimientos.