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El Gobierno nacional avanzó en uno de los debates más sensibles para la agenda minera: la Ley de Glaciares. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, confirmó que el Ejecutivo ya terminó de redactar la "ley aclaratoria" que busca precisar el alcance de la normativa vigente y otorgar a las provincias la potestad de definir los límites del ambiente periglaciar.
La iniciativa, según confirmaron desde la administración central, será enviada al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
El anuncio se dio durante el seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, donde Lucero planteó que el Gobierno optó por no reformar la Ley 26.639, sino por incorporar una herramienta que ordene y delimite conceptos que, en la práctica, generaron criterios dispares y restricciones que afectaron inversiones. "Trabajamos internamente durante meses y se elaboró un texto muy cuidadoso", señaló el funcionario ante empresarios y autoridades del sector.
Provincias
El corazón del proyecto es trasladar a cada jurisdicción la facultad de definir el ambiente periglaciar, una zona clave para determinar qué áreas son protegidas y cuáles pueden habilitar actividades extractivas. La falta de precisión en esa delimitación fue uno de los factores que trabó el avance de proyectos estratégicos en la cordillera.
Lucero remarcó que el objetivo es devolver un enfoque federal a la regulación. Según explicó, la definición de las zonas sensibles deberá basarse en estudios científicos evaluados por las propias provincias, responsables de administrar sus recursos naturales y otorgar los permisos ambientales. La aclaratoria, indicó, no modifica la esencia de la Ley de Glaciares -la protección de reservas hídricas-, sino que busca "ordenar y aclarar" aspectos que generaron interpretaciones restrictivas.
El planteo coincide con los reclamos de gobiernos como el de San Juan, que desde hace años piden criterios técnicos más precisos para distinguir qué geoformas periglaciares aportan agua y cuáles no.