La irrupción de un alumno armado con un machete en la escuela secundaria de Villa Esmeralda N° 5176 sacudió a la comunidad educativa de Salta. El hecho encendió una pregunta urgente: ¿Qué debe hacer una institución educativa frente a una situación de violencia extrema? ¿Existe un protocolo específico para estos casos? La respuesta, según Alejandro Williams Becker, Subsecretario de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la provincia, es compleja: hay orientaciones, protocolos y líneas de acción, pero aún no un procedimiento único para este tipo de episodios.
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La irrupción de un alumno armado con un machete en la escuela secundaria de Villa Esmeralda N° 5176 sacudió a la comunidad educativa de Salta. El hecho encendió una pregunta urgente: ¿Qué debe hacer una institución educativa frente a una situación de violencia extrema? ¿Existe un protocolo específico para estos casos? La respuesta, según Alejandro Williams Becker, Subsecretario de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la provincia, es compleja: hay orientaciones, protocolos y líneas de acción, pero aún no un procedimiento único para este tipo de episodios.
“Sí existen protocolos, aunque no uno específico para situaciones de violencia armada. Tenemos lineamientos para casos de abuso, señales suicidas o violencia escolar, ratificados por normativa provincial y trabajados por el Programa de Orientación Escolar (POE)”, señaló Becker. Estos protocolos buscan brindar herramientas a los equipos docentes y directivos, sin reemplazar la intervención profesional específica que depende, por ejemplo, del sistema de Salud.
En el caso de Villa Esmeralda, donde un chico de 14 años ingresó al establecimiento con un machete, “la normativa indicaba explícitamente la necesidad de dar intervención inmediata a la Policía y a la fiscalía a través de la denuncia”, aseguró el funcionario. En este punto, llama a no cuestionar si fue correcto llamar al 911 o si debió contactarse primero con la comisaría del barrio. “Lo importante es que se active la vía institucional que garantice la seguridad. Llamar al 911 es cumplir con el protocolo”, aclaró.
Más allá del hecho: prevenir, contener, acompañar
Desde el Ministerio se conformó una mesa de trabajo con supervisores y directores para acompañar a la comunidad educativa afectada y trabajar sobre las consecuencias en la convivencia escolar. Se identificaron ejes clave de intervención:
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Reactivación de redes interinstitucionales zonales:
Incluyen comisarías, centros de salud y organizaciones barriales, con las que las escuelas deben establecer lazos sólidos para actuar ante situaciones complejas. -
Manejo responsable de la información:
Resguardar la identidad de los menores y evitar la estigmatización, entendiendo que no se trata de víctimas o victimarios, sino de chicos atravesados por contextos sociales difíciles. -
Intervención con grupos áulicos:
Desde el día posterior al hecho, se generaron espacios de diálogo con estudiantes para reconstruir los hechos desde su perspectiva y entender qué dinámicas escolares pueden estar fallando. -
Trabajo con familias:
Se busca acompañar a madres y padres, no solo desde lo emocional, sino también brindando herramientas para abordar el conflicto desde sus hogares. -
Capacitación docente continua:
Se apunta a una intervención autónoma del cuerpo docente. “No se trata de que el maestro recurra siempre al psicólogo, sino que pueda detectar señales de alerta y actuar con herramientas claras”, indicó Becker.
¿Hacen falta simulacros?
Aunque el hecho reavivó el debate sobre la necesidad de protocolos más rígidos o incluso simulacros ante ataques armados, desde Educación advierten: “No queremos tematizar la violencia escolar extrema al punto de generar una cultura del miedo o la naturalización del conflicto”. En este sentido, consideran que una respuesta basada únicamente en la reacción ante lo extremo puede ser contraproducente.
"Hoy, la prioridad es educar para la paz y la convivencia”, sostuvo el subsecretario.
El rol del docente: prevención, contención, inclusión
En el centro del enfoque está el docente. Su formación, su capacidad de contención y su rol activo son determinantes. “El objetivo es que los equipos directivos y docentes estén capacitados no solo para reaccionar, sino para prevenir, detectar señales a tiempo y acompañar los procesos de aprendizaje sin excluir a nadie”, remarcó Becker.
Actualmente, Salta cuenta con 155 profesionales en el programa de orientación escolar (POE). Pero desde el Ministerio aseguran que el mayor desafío no es acudir a ellos cada vez que hay un problema, sino generar autonomía docente para sostener una educación inclusiva.
“La escuela no puede transformarse en una fuerza de control, no podemos revisar mochilas ni poner detectores de metales. Necesitamos fortalecer el lazo pedagógico y generar comunidad, espacios de escucha, confianza y contención”, afirmó.
Una educación para la paz
Frente a un escenario cada vez más complejo en términos sociales, económicos y emocionales, desde el sistema educativo se busca volver a lo esencial: enseñar a vivir juntos. “Si la educación solo se piensa para el trabajo o para los estudios superiores, se deja de lado su sentido más profundo: formar ciudadanos. Y eso incluye aprender a dialogar, a escuchar, a resolver conflictos sin violencia”, concluyó Alejandro Williams Becker.
El desafío, en definitiva, no es preparar a las escuelas para repeler ataques, sino construir una sociedad en la que esos ataques no sean posibles.