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Miguel Nina, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, y María Rita Martearena, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, integran la fórmula que disputará el Rectorado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) el próximo 11 de abril. En esta entrevista, Nina habla del complejo panorama del financiamiento universitario, su propuesta para modernizar los planes de estudio y su visión sobre el futuro de la UNSa. También responde sobre la judicialización de decisiones del Consejo Superior, la creación de nuevas facultades y su relación con sectores internos de la comunidad universitaria.
La situación del financiamiento universitario es muy complicada por los recortes y ajustes del Gobierno nacional. ¿Cuál es su propuesta para enfrentar estos problemas?
Cuando hablamos de financiamiento, lo primero que debemos hacer es ordenar las cuentas internas de la universidad. Hace dos años que no tenemos un presupuesto aprobado. Y no se trata de que no tengamos presupuesto porque la Nación no lo tenga; muchas universidades, incluso sin presupuesto nacional, aprobaron sus presupuestos internos. Entonces, el primer punto es saber con claridad dónde estamos parados en materia financiera.
En cuanto al plano externo, es fundamental gestionar en Buenos Aires. Ya tuve dos reuniones allí por este tema. Evidentemente, hay que dialogar y moverse.
El tema está muy difícil. Incluso el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) no ha logrado avances. ¿Cuál es su vínculo con ese organismo?
Tengo contacto con varios rectores del CIN. De hecho, tengo una buena relación con el presidente del Consejo de Rectores, con quien converso permanentemente. Eso me permite conocer la situación del resto del sistema universitario y su posicionamiento frente a este contexto.
Respecto a los salarios docentes, aunque no depende directamente de la universidad, los sueldos se vienen actualizando con apenas un 1% o 2%... ¿Cómo se aborda esta realidad?
Como usted bien dice, la política salarial se define en paritarias nacionales. El Gobierno nacional está ajustando los salarios según una pauta inflacionaria mínima, del 1 o 2%, sin superarla. Lo que ocurre es que venimos con un arrastre importante desde la devaluación de diciembre, cuando el dólar saltó de 300 a 800 pesos. Esa devaluación provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo, que hoy supera el 35%, tanto en docentes como en no docentes.
En la medida en que se pueda hacer algo desde la universidad, tengo el compromiso de hacerlo. Pero insisto: esto se define a nivel nacional, no en el ámbito de la gestión universitaria.
Hay una tendencia nacional e internacional a acortar las carreras universitarias. ¿Qué piensa sobre ese proceso y el futuro de las carreras de grado?
El sistema universitario argentino enfrenta grandes desafíos: el avance tecnológico, los cambios en el conocimiento y las transformaciones del mercado laboral. Las universidades tienen la responsabilidad de adaptarse.
En nuestro plan estratégico 2025–2028 proponemos avanzar hacia carreras más cortas, carreras a distancia, y una modernización profunda de los planes de estudio.
Yo vengo del área de Ciencias Económicas y allí ya redujimos la duración de algunas carreras a cuatro años. También implementamos titulaciones intermedias: por ejemplo, estudiantes que cursan dos años pueden obtener el título de técnico en administración o en contabilidad. Esto sirve tanto como incentivo como salida laboral para quienes no pueden continuar. Y todo lo hicimos con el presupuesto actual, sin recursos adicionales.
Creemos que esto es replicable en toda la universidad.
¿Qué hará con las nuevas facultades, surgidas a partir de las exsedes?
Se crearon dos nuevas facultades, pero no se hicieron en tiempo y forma las gestiones en Buenos Aires para dotarlas de la estructura que requieren: gestión, administración, cargos.
Desde la Comisión de Hacienda presentamos un proyecto para crear cargos específicos y permitir que estas facultades puedan llamar a elecciones directas.
Ahora bien, desconocemos si la actual gestión realizó los trámites académicos y de financiamiento que exigía la Asamblea Universitaria.
Hasta diciembre de 2023 hubo una gran oportunidad para acceder a nuevos fondos. A partir de ese mes, la situación cambió drásticamente en el país, y las universidades no están exentas de ese escenario.
Volviendo al tema del financiamiento: ¿la universidad deberá recurrir a otras fuentes alternativas?
La situación es compleja, no voy a decir lo contrario. Pero debemos tener la capacidad, como universidad pública, de generar recursos genuinos a partir de nuestras propias actividades.
En la Facultad de Económicas logramos captar fondos por medio de acciones propias. Es algo que se puede debatir y ampliar a toda la universidad.
Y aclaro algo fundamental: bajo ningún punto de vista hablamos de arancelar carreras. Somos defensores de la universidad pública, gratuita, de excelencia y calidad. Yo soy producto de la universidad pública y creo firmemente en ese modelo, que no existe en muchas partes del mundo.
Y esa forma de financiamiento puede aplicarse, por ejemplo, a las actividades de Extensión?
Sí. En nuestro plan contemplamos un modelo de extensión universitaria enfocado en el impacto y en la demanda de la comunidad.
La extensión debe ser un puente entre la universidad y la sociedad, resolviendo problemas reales a través del diálogo y la cooperación con los distintos sectores.
No se trata de ofrecer cursos tercerizados ni de traer personas ajenas a la universidad. Para nosotros, la extensión tiene que partir desde adentro, en respuesta a necesidades concretas del entorno.
¿Cuál es su opinión sobre el fallo judicial que condenó a la universidad a pagarle días de vacaciones al exrector Claros?
La Justicia ya falló, y el fallo debe cumplirse. En su demanda, Claros impugna tres resoluciones: dos del Consejo Superior y una del actual rector. El juez anuló todas.
No existía una reglamentación específica sobre licencias al momento del reclamo. Y hay antecedentes en la universidad donde se pagaron más de seis años de licencia con informes favorables de Jurídica y de Administración.
En 2022, a propuesta del ingeniero Casado (decano de Ingeniería), desde la Comisión de Hacienda aprobamos una reglamentación para limitar esas licencias: se liquidan dos años previos más el año de jubilación.
La controversia está en que la Justicia intervino en una decisión del Consejo Superior. ¿Cree que esto sienta un precedente peligroso?
Fue una situación muy particular. Se actuó bajo una acción de legalidad, pero no creo que haya habido mala fe. Como le digo, hay antecedentes de sobra. Le puedo facilitar resoluciones donde se reconocieron licencias incluso mayores a la del exrector Claros.
Por último: se dice que parte del "clarismo" trabaja con usted. ¿Es cierto o solo rumores?
Nosotros formamos una agrupación nueva, diferente y mucho más amplia. Tenemos referentes de Humanidades, Naturales, Exactas, Ingeniería, de las facultades de Tartagal y Orán.
Es un espacio diverso, abarcativo, con una mirada clara y profunda sobre todas las áreas clave de la UNSa.