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En Salta, tres historias ponen rostro al drama que atraviesan decenas de beneficiarios de pensiones por discapacidad tras la auditoría que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El denominador común: ninguno de ellos recibió la carta de notificación para presentarse con la documentación médica que acredita su condición. En otros casos, la edad avanzada, el deterioro de la salud y la falta de acceso a internet impidieron que se enteraran de que se realizaba la revisión.
Para quienes dependen de ese ingreso como único sustento, la suspensión fue un golpe que dejó a familias enteras en la incertidumbre.
María: “A veces solo tomo té para no pasar hambre”
María Ochoa tiene 66 años, vive en barrio Juan Manuel de Rosas y padece retraso madurativo desde la infancia. Vive sola y hasta hace poco su pensión le permitía cubrir alimentos, medicamentos y pagar servicios básicos.
La noticia de la suspensión la sorprendió: “No me avisaron nada. Un día fui al cajero y no había plata”, relató en diálogo con El Tribuno.
Desde entonces, su vida se volvió cuesta arriba. “A veces solo tomo té o mate para aguantar. No puedo ir a hacer changas, no puedo moverme mucho… no sé qué voy a hacer”, dice con un hilo de voz.
Fernanda Mamani, encargada del comedor al que asiste María, explicó: “María es una persona discapacitada, tiene dificultades para hablar y entender. Vive de la pensión y ahora no tiene nada. Hoy llegó llorando al comedor, y tuvimos que darle un plato de comida. Todos los días ayuda poniendo la mesa y recibe a cambio su alimento.
Maltrato
Ayer fue al hospital San Bernardo para gestionar un turno y la maltrataron, la hicieron dar vueltas entre distintos lugares y le cerraban las puertas. Es angustiante. No puede valerse sola, y encima no recibe la atención que necesita. Es urgente que alguien la ayude”.
Víctor: un capitán de básquet que ya no puede costear su tratamiento
Víctor Ruiz es un referente del deporte adaptado en Salta: capitán del equipo de básquet en silla de ruedas de la Asociación de Lisiados de Salta (ALSA). Padece poliomielitis desde pequeño y utiliza silla de ruedas para desplazarse.
La pensión no solo cubría parte de su movilidad y gastos médicos, sino que también le permitía seguir compitiendo. “Me enteré por otros compañeros que también les habían suspendido, pero a mí nunca me llegó ninguna carta ni correo. Me dejaron sin nada”, lamentó.
Ahora teme que su salud se deteriore por no poder costear sus tratamientos. “Si no recupero la pensión voy a tener que dejar de entrenar, y hasta de moverme para hacer trámites o ir al médico. Es muy injusto”, aseguró.
Alberto: “No tengo ni para una aspirina”
Alberto Salvatierra sufrió un accidente en 1992 que le arrebató ambas piernas y un brazo. Desde entonces, su pensión era su único ingreso estable, que le permitía acceder a medicamentos, cubrir necesidades básicas y mantener a sus dos hijos en edad escolar.
“Fui al banco y mi cuenta estaba en cero. Me dijeron que me habían dado de baja porque no renové los papeles, pero nunca me llegó ninguna notificación. Es como si de un día para otro me borraran”, explicó.
Durante todos estos años, Alberto logró adaptarse a su discapacidad trabajando en pequeños oficios: arregla pelotas de fútbol, las parchea y cose, y además dirige un equipo de fútbol del barrio, pero asegura que con eso apenas sobrevive. “Es muy poco. La pensión me permitía llegar a fin de mes, aunque siempre con esfuerzo. Ahora no tengo nada, y con dos hijos que mantener, es desesperante”, añadió.
Alberto también detalla la burocracia que enfrenta: los turnos para presentar sus papeles médicos se dan con meses de anticipación, y recién logró que le asignaran uno a fines de abril, gracias a la gestión de una abogada y la repercusión de su caso en medios locales. Mientras tanto, debe sobrevivir con trabajos mínimos y la ayuda de vecinos y familiares. “Quisiera que las autoridades comprendan nuestra situación, que nos den un poco de apoyo mientras se resuelve lo de la pensión. No es un lujo, es vivir dignamente”, finalizó.
La espera por una respuesta
Los tres esperan que se revierta la medida y que se les devuelva la pensión. Mientras tanto, viven en una incertidumbre diaria. “Nos tratan como si no tuviéramos derecho a reclamar. No entienden que esto no es un lujo, es lo que nos permite vivir”, resumió Víctor.
La situación no es aislada: decenas de beneficiarios en Salta y el país atraviesan el mismo problema. Para ellos, el tiempo corre en contra y cada día sin respuesta significa un nuevo golpe a su salud y a su dignidad.