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El miércoles último ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja que interpuso la asociación civil de defensa del consumidor Protectora por retardo de justicia en un amparo colectivo que promovió el pasado 29 de abril contra el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS). En aquella presentación, realizada en representación de los más de 260 mil afiliados afectados por la crisis financiera de la obra social provincial, la entidad que representa en Salta el abogado Daniel Paganetti pidió que se ordene una intervención judicial y una auditoría externa en la obra social provincial para garantizar derechos de raigambre constitucional afectados por el crítico cuadro financiero que desembocó en una nueva intervención administrativa del IPS el pasado 25 de febrero.
Consultado sobre el recurso interpuesto ante el máximo tribunal del país, Paganetti recordó que, con la acción promovida en abril, la entidad pidió a la Justicia Provincial protección para "los más débiles" de un contrato de consumo que tiene en juego derechos fundamentales. "Vemos que la velocidad de la causa es demasiado lenta, frente a la urgente e impostergable necesidad de dar tutela judicial efectiva a los derechos y garantías de quienes son afectados y siguen cumpliendo con su cuota mensual sin pausa alguna", remarcó.
El letrado sostuvo que desde Protectora "no podemos permitir que se dilate, de la forma que sea, el curso del proceso colectivo, porque ello implica la profundización de los daños ya causados por la mala administración que, sin duda, afecta o limita las prestaciones de calidad a la que tienen un indiscutible derecho todos los afiliados, sin excepción".
Paganetti expresó que con la queja deducida "se busca conmover a nuestro máximo tribunal de la Provincia de Salta, a través de la Corte Suprema, para otorgarle la debida celeridad que este tipo de acción exige, no porque sea colectiva, sino por que están en juego la salud y vida de cientos de miles de consumidores salteños", planteó. " Desde mi concepción, la demora es un daño adicional inadmisible", recalcó.
En el recurso de queja, la asociación argumentó que la intervención administrativa del IPS no ha logrado resolver los problemas de fondo y sostuvo que la "pasividad y omisión" de otros organismos han llevado a una "situación de absoluta vulnerabilidad y desprotección para los afiliados". El escrito se centra en la "demora injustificable" en la tramitación de "una medida cautelar innovativa" señalada como fundamental "para preservar prueba esencial y garantizar los derechos de los afectados".
La acción colectiva recayó en abril en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Si bien la Corte salteña reconoció la urgencia de lo planteado, el expediente sufrió dilaciones que incluyeron una declaración de incompetencia inicial por parte de la jueza de trámite, una remisión al máximo tribunal y un retraso significativo en la resolución de la medida cautelar, que se prolongó incluso después de un pedido de pronto despacho de la actora.
El amparo colectivo
En la acción colectiva promovida en abril Protectora pidió que se ordene una intervención judicial del Instituto, en forma cautelar y complementaria a la intervención administrativa instrumentada por 180 días. También solicitó que se disponga una auditoría financiera, contable, integral y externa realizada por contadores designados a propuesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Requirió, asimismo, que se solicite formalmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo el impulso de una nueva ley para el IPS que establezca la creación de un nuevo órgano interno auditor integrado por dos representantes de los afiliados.
Protectora recordó que la finalidad del IPS, como lo expresa su marco normativo, consiste en "proveer un servicio social de interés público, con eficiencia en la aplicación de los recursos que administra". Recordó que el IPS transita por su segunda intervención administrativa, "ya que la primera fue dispuesta en 2006, por 180 días, y duró más de 7 años".