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Por Esteban Torre, Cecilia Veleda y Carla Paparella
La evidencia sobre el impacto de la enseñanza en la calidad del aprendizaje es abrumadora, y países que han logrado mejoras en todas las escuelas a través del tiempo han apostado por reconocer el valor social de la profesión, mejorando sus condiciones de trabajo, su formación y su desarrollo profesional. Hoy, la Argentina enfrenta serios desafíos: apenas el 13% de los estudiantes llega al último año de la educación secundaria con los aprendizajes esperados de lengua y matemática. Este diagnóstico es un obstáculo para el desarrollo de las personas y un punto de partida adverso para las posibilidades de crecimiento económico y de progreso social del país.
Las mejoras necesarias sólo podrán encararse fortaleciendo a los docentes, quienes día a día asumen una tarea sumamente desafiante. Las crecientes desigualdades sociales, el avance de la pobreza infantil, la seducción de las pantallas y la inteligencia artificial, la violencia, los discursos de odio y los trastornos psíquicos en aumento impactan sobre el ejercicio de la profesión, con un salario que hoy tiene un valor real inferior al de 2005. La comparación internacional y con otras profesiones muestra que los docentes argentinos están en una posición de clara desventaja, lo cual refleja el débil estatus social de la profesión. Más aún, buena parte de las escuelas tiene déficit de infraestructura y equipamiento y carecen de tiempos sin estudiantes a cargo para el trabajo colaborativo entre docentes.
La formación inicial es un pilar irremplazable, pero el sistema de más de 1.300 instituciones está sobredimensionado y fragmentado, con importantes desafíos de coordinación, planeamiento, eficiencia y eficacia. El 55% de los estudiantes abandonan la carrera en su primer año y 4 de cada 10 del último año tienen dificultades de comprensión lectora. La ausencia de planificación se observa tanto en la cantidad y distribución de instituciones, como en las ofertas que brindan.
La formación continua, fundamental para el desarrollo de los docentes en ejercicio, es dictada por los ministerios de Educación junto a una gran variedad de instituciones y no cuenta con sistemas robustos para evaluar y acreditar la calidad de las propuestas, lo que configura un mercado de ofertas dispersas, discontinuas y de calidad heterogénea.
Por otro lado, la carrera docente ofrece limitadas oportunidades para el crecimiento profesional. El ingreso generalizado a través de suplencias genera inestabilidad durante los primeros años y priman los criterios de antigüedad y acumulación de certificación para el ascenso a los cargos directivos, sin alternativas de especialización y ascenso a otros roles indispensables para la calidad de la enseñanza.
Frente a este panorama, desde CIPPEC consideramos impostergable abrir una discusión urgente. Se requieren cambios estructurales en las distintas dimensiones de las políticas para la docencia, los cuales exigirán acuerdos, eficiencia presupuestaria y capacidades técnicas. El camino será largo, pero es preciso iniciar la marcha ahora. Fortalecer la docencia no es tarea de un gobierno ni de un sector, sino de un esfuerzo colectivo que involucre a toda la sociedad.
* Cecilia Veleda es investigadora principal de Educación, Esteban Torre es director de Educación y Carla Paparella, coordinadora de Educación de CIPPEC
* Desde hace 25 años, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento impulsa reformas estructurales y acerca propuestas concretas para una democracia más robusta, un Estado más eficiente y una sociedad más equitativa.