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El diputado provincial Omar Exeni presentó un proyecto de reforma constitucional que busca eliminar los fueros para los cargos políticos de Salta. La iniciativa apunta a que funcionarios, legisladores y autoridades políticas sean tratados de la misma manera que cualquier ciudadano ante la Justicia.
El legislador explicó que actualmente existe una gran confusión en torno a los fueros y su alcance real dentro del sistema judicial. "Hoy en Salta existe una confusión muy grande sobre los fueros. Mucha gente cree que los fueros impiden investigar a los políticos, pero en realidad no es así", señaló.
Según explicó, la Justicia puede investigar normalmente a cualquier funcionario, incluso si tiene inmunidades. Los fiscales pueden reunir pruebas, imputar, tomar declaraciones y avanzar con toda la causa.
Además recordó que desde la sanción de la Ley 8485 se garantiza que el proceso penal pueda avanzar sin necesidad de desafuero, salvo en casos donde deba restringirse la libertad de la persona, como por ejemplo una detención o prisión.
En ese sentido, explicó que la única limitación actual es que un funcionario no puede ser detenido mientras tenga fueros vigentes. "Hoy la Justicia puede investigar a los políticos, pero no puede detenerlos sin levantar los fueros. Por eso presenté un proyecto para reformar la Constitución y eliminarlos. Mi propuesta es simple: que los políticos seamos iguales ante la ley que cualquier ciudadano", sostuvo.
El legislador aclaró que los fueros siguen existiendo porque están contemplados en la Constitución de la Provincia de Salta, por lo que no pueden ser eliminados mediante una ley común. Por ese motivo, el proyecto plantea una reforma constitucional que elimine ese privilegio para los cargos políticos.
Exeni también remarcó que la propuesta no afecta la llamada inmunidad de opinión, que protege a los legisladores por lo que dicen o votan dentro del recinto y que garantiza la libertad del debate parlamentario.
El objetivo de la iniciativa es suprimir únicamente la inmunidad que impide la detención de un funcionario cuando existe una causa judicial en su contra. "La política tiene que dejar de tener privilegios. Si un juez ordena la detención de un ciudadano, se cumple. Con un político no debería ser distinto", concluyó.