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En estos días, el episodio protagonizado por un adolescente de 14 años, que asiste en horario nocturno a la escuela Hipólito Yrigoyen, mostró con crudeza la violencia que sufren los menores en sectores vulnerables. El chico concurrió a la escuela con un machete y fue detectado enseguida por el personal docente, en lo que hasta ese momento parecía otro caso más de alumnos que llevan armas para agredir a compañeros y docentes. Pero la realidad es otra.
El chico llevaba el machete para defenderse de patotas de agresores que lo amenazan en el barrio donde vive. Un ámbito donde él y sus vecinos deben aprender a defenderse para sobrevivir. No tiene a su madre, su padre trabaja en la cordillera como minero y él vive con su abuelo de 85 años. Y sale de la escuela a las 11 de la noche.
Estamos ante un caso testigo de una crisis que no ocupa un lugar central en la agenda pública, pero sí es la preocupación y el compromiso de docentes y profesionales que conocen en primera línea la realidad social y psicológica de los niños y adolescentes. Este caso se resolvió con mucho criterio, evitando la exclusión del muchacho del sistema educativo y de la misma escuela, y gestionando un sistema de mediación para asegurar su lugar en uno de los principales espacios de contención que ofrece el Estado: la escuela.
Unicef estima que en Argentina viven 12,3 millones de niñas, niños y adolescentes. Entre ellos, aproximadamente 8,8 millones (71%) crecen con carencias monetarias o privaciones de algunos de los derechos fundamentales.
Pero, además, la escuela argentina, que es la principal garantía para construir la paz social, atraviesa momentos críticos por carencias de todo tipo. A esto se suma la violencia que llega de afuera. Es la consecuencia de los innumerables casos de violencia intrafamiliar, así como el auge del patoterismo, el consumo de estimulantes o la delincuencia juvenil.
No se trata solo de la pobreza. Los enfrentamientos calculados y buscados entre bandas de jóvenes son síntoma de otras violencias. No obstante, la marginalidad que obliga a la autodefensa es en sí misma una forma de violencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que, en Salta, en 2024, 1.272 niños, niñas y adolescentes ingresaron al sistema penal juvenil y 398 de ellos fueron detenidos en alojamientos institucionales, algunos con régimen semirrestricto y modalidades domiciliarias.
En ámbitos donde el crimen organizado utiliza menores para ejecutar delitos gravísimos, como el conurbano bonaerense y Rosario, el problema cobra otra dimensión.
Hoy, los menores de 16 años que delinquen son sometidos a un régimen anárquico, donde muchas veces prevalece la impunidad en nombre, curiosamente, de los derechos del menor.
Con la sanción del nuevo régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, la imputabilidad se aplicará a partir de los 14 años. Esto plantea un enorme desafío a los sistemas de seguridad de todo el país. Los menores de 18 años no deberían ser sometidos al régimen penitenciario actual, que de por sí es lesivo para los derechos humanos.
Los adolescentes, delincuentes o no, son personas que necesitan un trato pedagógico, una consideración psicológica y la posibilidad de encontrar un horizonte en sus vidas.
Con la ley ya sancionada, ahora los gobiernos deben asumir con seriedad que el problema es mucho más amplio. El Estado debe garantizar a todos los menores el ejercicio de los derechos a estudiar, a tener acceso a la salud pública, a vivir en casas dignas, con ingresos suficientes en el hogar y a contar con programas de recreación y deportes.
Crear las condiciones de seguridad para evitar que un chico necesite un machete para defenderse no es una utopía, sino una obligación del Estado, un esfuerzo presupuestario ineludible, y requiere funcionarios con dedicación e idoneidad.