La comisión de Legislación General de Diputados avanzó ayer al mediodía, en lograr consenso entre las fuerzas políticas para redactar el dictamen del proyecto que limita la tenencia de tierras en manos extranjeras, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. El límite a la extranjerización de tierras es un viejo reclamo formulado por pequeños y medianos productores agropecuarios y cooperativistas.
El proyecto que envió la presidenta Cristina Fernández al Congreso podría tardar más de lo deseado hasta convertirse en ley, dado que muchos diputados -en principio- subrayaron la necesidad de discutir la norma en profundidad. La norma está inspirada en la ley vigente en Brasil y toma también puntos de normativas establecidas en la materia en Estados Unidos, Francia, España y el Reino Unido. En ese sentido, muchos países procurarán seguir la tendencia mundial de limitar en todo su territorio la propiedad de tierras a ciudadanos de otros países.
La iniciativa oficial limita a un 20% la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica. El inmenso atractivo para los inversores en que se convirtió la tierra rural de Argentina -un gran exportador de soja y sus derivados- impulsó los valores de los campos del núcleo agrícola a más de 15.000 dólares por hectárea. Hace poco, el empresario Gustavo Grobocopatel sostuvo que es negativo limitar la compra de tierra a extranjeros.
Por un lado, hay que aumentar el área sin tocar ecosistemas que producen altos servicios ambientales. El Estado y el sector privado deben acordar hasta dónde se puede ir y bajo qué reglas. En la reunión, curiosamente, no participaron los diputados de las comisiones de Asuntos Constituciones y Agricultura, que deben participar de la emisión del dictamen. Sin dudas que la norma aún tiene un largo camino administrativo por delante, puesto que, después de su aprobación en las comisiones y en la Cámara de Diputados, los proyectos de ley deben pasar por el Senado.
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La comisión de Legislación General de Diputados avanzó ayer al mediodía, en lograr consenso entre las fuerzas políticas para redactar el dictamen del proyecto que limita la tenencia de tierras en manos extranjeras, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. El límite a la extranjerización de tierras es un viejo reclamo formulado por pequeños y medianos productores agropecuarios y cooperativistas.
El proyecto que envió la presidenta Cristina Fernández al Congreso podría tardar más de lo deseado hasta convertirse en ley, dado que muchos diputados -en principio- subrayaron la necesidad de discutir la norma en profundidad. La norma está inspirada en la ley vigente en Brasil y toma también puntos de normativas establecidas en la materia en Estados Unidos, Francia, España y el Reino Unido. En ese sentido, muchos países procurarán seguir la tendencia mundial de limitar en todo su territorio la propiedad de tierras a ciudadanos de otros países.
La iniciativa oficial limita a un 20% la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica. El inmenso atractivo para los inversores en que se convirtió la tierra rural de Argentina -un gran exportador de soja y sus derivados- impulsó los valores de los campos del núcleo agrícola a más de 15.000 dólares por hectárea. Hace poco, el empresario Gustavo Grobocopatel sostuvo que es negativo limitar la compra de tierra a extranjeros.
Por un lado, hay que aumentar el área sin tocar ecosistemas que producen altos servicios ambientales. El Estado y el sector privado deben acordar hasta dónde se puede ir y bajo qué reglas. En la reunión, curiosamente, no participaron los diputados de las comisiones de Asuntos Constituciones y Agricultura, que deben participar de la emisión del dictamen. Sin dudas que la norma aún tiene un largo camino administrativo por delante, puesto que, después de su aprobación en las comisiones y en la Cámara de Diputados, los proyectos de ley deben pasar por el Senado.