La madre de la menor abusada por el chofer de un transporte escolar podrá actuar como querellante y aportar los elementos que considere necesarios para la investigación, dentro del polémico caso en el que técnicos del Cuerpo del Investigadores Fiscales (CIF) del Ministerio Público, habían concluido que la nena de 9 años, “tiene un cuerpo desarrollado que puede ser objeto de deseo sexual”.
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La madre de la menor abusada por el chofer de un transporte escolar podrá actuar como querellante y aportar los elementos que considere necesarios para la investigación, dentro del polémico caso en el que técnicos del Cuerpo del Investigadores Fiscales (CIF) del Ministerio Público, habían concluido que la nena de 9 años, “tiene un cuerpo desarrollado que puede ser objeto de deseo sexual”.
Los términos del informe y su trascendencia en los medios periodísticos terminaron en un escándalo de proporciones, en el que el propio gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que salir a defender el trabajo del CIF firmado por su extitular Gabriela Bubase, quien días después se transformó en fiscal penal bajo las órdenes del procurador Pablo López Viñals.
Con el fallo revocatorio, la madre de la menor -de la cual se evitó consignar cualquier dato que pueda llevar a su identificación- podrá actuar como parte de la causa y hasta tener las mismas facultades que el fiscal, recurrir y pedir nulidades e intervenir como un actor jurídico externo.
Pese a que se lo había negado en primera instancia, la jueza correccional Carolina Sanguedolce, atendió el pedido de revocatoria presentado por Roberto Elio Gareca, abogado defensor de la mujer.
Cabe recordar que en un primer momento, a la madre de la nena se le había negado actuar como querellante porque se consideró que había cerrado el tiempo procesal para la actuación, ya que el padre de la menor había sido notificado inicialmente para conformarse como actor civil. La jueza dio por válida esta notificación, con el criterio adoptado por la fiscal María Inés Loyola, quien desconoció la patria potestad de la mujer e insistió con la notificación inicial que habían enviado al padre de la chiquita. Posteriormente la asesora de Menores e Incapaces Adriana Betella, observó como legítimo el pedido de la madre, por lo que la jueza decidió otorgar la revocatoria.
La instancia procesal siguiente establece que la fiscal Loyola puede apelar la revocatoria, aunque para ello tendrá que recurrir a la Corte.
El informe del CIF que desencadenó en un escándalo fue elaborado por dos pasantes en el marco de una causa en donde se establece que dos nenas fueron abusadas por el mismo hombre a fines de 2011 de acuerdo a la denuncia de sus padres. Los pasantes entrevistaron a las dos nenas y a sus padres, incumpliendo todos los protocolos internacionales de protección al niño y, contrariamente, concluyeron que una de las chicas, de 9 años, “no se muestra como niña sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”. A raíz del escandaloso informe Buabse fue consultada por senadores ante quienes aseguró que en “ningún momento” pensó en renunciar a su pliegos para fiscal penal. “No quiero que mi honorabilidad se vea afectada con un informe que no realicé, pero que tuve que avalar porque soy la titular del CIF”, había señalado.
El caso tomó trascendencia luego de que fuera publicado por El Tribuno y fue repudiado por medios y especialistas de todo el país.