Jamás imaginó el escándalo que provocaría el informe que dirigió a la fiscal Correccional N°7, Gabriela González, el 3 de mayo de 2012. Lo leyó, firmó el documento y lo envió, aclarando que la solicitud había ingresado el 15 de marzo. Tal vez quiso destacar que se había diligenciado con prontitud. En menos de sesenta días. Es que no era la primera vez que Gabriela Buabse, directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), asignaba personal de su dependencia para elaborar este tipo de informes, habida cuenta que sólo en la ciudad de Salta, anualmente se producen casi tres denuncias diarias, por presunto abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
No le llamó la atención el párrafo, que a escasas diez líneas del protocolar saludo atento, sin otro particular, a la fiscal González, comenzaba diciendo que una de las víctimas, de nueve años, “no se muestra como niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”. Tampoco le provocaron alarma las seis líneas que introducían un sesgo descalificador a la madre de la niña pues, según sus investigadores, personal que carecía de toda competencia y calificación profesional, podía percibirse en ella “mayor interés en el castigo que pueda recibir el acusado, que en las consecuencias que trae dicho suceso a su hija. Así también sostienen- se pudo observar que en reiteradas ocasiones es la madre quién introduce mayores detalles en lo ocurrido, aseverando (sic) tironeos y toqueteos en la niña”.


Todo le parecía normal. Y lo era para ella. Porque en esta materia cabían solamente dos hipótesis: 1) O la directora del CIF desconocía lo ordenado por los protocolos internacionales, adoptados por nuestro país como firmante de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en materia de investigación de presuntos abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes; 2) O los conocía y no obstante ello, por negligencia, impericia, torpeza o indolencia, había consentido que se violen. En cualquier caso estaba faltando gravemente a sus deberes como funcionaria pública. Cuando el informe trascendió a la opinión pública, Gabriela Buabse, ya había sido propuesta como fiscal penal al Senado y su designación estaba pendiente del acuerdo que debían prestarle los legisladores. Y en este ámbito, el de la política, se desarrolló el segundo capítulo del escándalo que la tuvo como protagonista.

Su jefe, el procurador Pablo López Viñals, se limitó a maniobrar en la trastienda, mientras el gobernador Juan Manuel Urtubey salió a defender abiertamente la candidatura de la funcionaria. Creyó que detrás de la difusión del escrito había una conspiración. Y acusó al diario El Tribuno de impulsarla. Pretendió descalificar al mensajero, en vez de analizar el contenido del mensaje. Perdió así la oportunidad de actuar con criterio y sentido común, retirando el pliego, como ameritaba la irregular actuación de la candidata a fiscal, en un caso que tocaba las fibras más sensibles de la población. Cuando le llegó el turno para defender su postulación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Gabriela Buabse juntó las manos y cerró los ojos, en la actitud de quién reza brevemente una plegaria. Luego se puso a disposición de quienes ya tenían una decisión tomada: aprobar el pliego. Porque sus finos olfatos les habían indicado hacia donde soplaba el viento. 

 

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