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Quieren registrar infractores de normas edilicias

Jueves, 06 de diciembre de 2012 22:35
El valor de venta del total de las obras que no cumplieron las normativas se estima en 2.000 millones de pesos.
 
“Estamos en contra de las excepciones. Si la norma es correcta y razonable, no son justificables”, dijo Alonso Crespo.

Crear un registro público en el que se identifique a las empresas y profesionales que construyeron a contramano de la legislación municipal vigente es una de la propuestas que los arquitectos quieren implementar contra la ordenanza que blanquea las irregularidades en las construcciones.

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El valor de venta del total de las obras que no cumplieron las normativas se estima en 2.000 millones de pesos.
 
“Estamos en contra de las excepciones. Si la norma es correcta y razonable, no son justificables”, dijo Alonso Crespo.

Crear un registro público en el que se identifique a las empresas y profesionales que construyeron a contramano de la legislación municipal vigente es una de la propuestas que los arquitectos quieren implementar contra la ordenanza que blanquea las irregularidades en las construcciones.

“Tiene que haber una censura social para con los desarrolladores inmobiliarios y profesionales que actuaron mal en el momento en que construyeron”, sostuvo, sobre el tema, el arquitecto Marcelo Alonso Crespo, vocal 1§ de la Sociedad de Arquitectos de Salta.

Este fue uno de los profesionales que ayer participó de la reunión que se realizó con la secretaria de Planeamiento Urbano, Fanny Velarde.

“Sabemos que la voluntad política del intendente es a favor de la ordenanza, por lo que lo único que nos queda es que la reglamentación salga lo mejor posible”, sostuvo Alonso Crespo.

Las cifras

Según los cálculos que realizó este arquitecto, el valor de venta del total de las obras que incumplen las normativas se aproxima a los 2.000 millones de pesos.

“El valor del metro cuadrado de un departamento ubicado en el centro oscila entre los $8 mil y $12 mil. Los edificios tienen una cantidad de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados (un promedio de 2.000). Si a ese valor lo llevamos a los 100 edificios cuestionados, llegamos a los $2.000 millones. Este cálculo no incluye el resto de las construcciones”, dijo el profesional.

Competencia desleal

Entre los argumentos contra la nueva medida de carácter temporal sobresale el de la competencia desleal. “Hay arquitectos que pierden clientes porque no aceptan violar las normas; entonces éstos van y buscan otro profesional que les dice que sí, y lo contratan”, añadió.

Con esta propuesta se intenta evitar que entre la aprobación del visado del plano y el resultado de la obra no haya diferencias. Apunta a que se realice una declaración jurada sobre el plano donde se consigna que no se podrá realizar nada más que lo establecido en éste. “Está claro que nadie puede hacer otra cosa que lo establecido en el plano, pero una leyenda que lo recuerde no sería malo”, defendió Lorena Gómez Paz.

Cualquier diferencia podría permitir que se proceda a una demolición (previa autorización de la Justicia).

 

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