Los principales referentes salteños del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por Libres del Sur y el Partido Socialista, repudiaron el plan de espionaje de Gendarmería y aseguraron que exigirán a través del ínter bloque de diputados nacionales binneristas “una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades políticas y judiciales de los implicados en este delito”.
En un comunicado, Carlos Morello, Antonio Soria y Daniel Escotorin, analizaron que la denuncia sobre la participación de Gendarmería Nacional en tareas de inteligencia sobre los movimientos sociales y sus dirigentes viene a completar el preocupante cuadro político, donde la primera conclusión es que el gobierno nacional perdió el rumbo.
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Los principales referentes salteños del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por Libres del Sur y el Partido Socialista, repudiaron el plan de espionaje de Gendarmería y aseguraron que exigirán a través del ínter bloque de diputados nacionales binneristas “una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades políticas y judiciales de los implicados en este delito”.
En un comunicado, Carlos Morello, Antonio Soria y Daniel Escotorin, analizaron que la denuncia sobre la participación de Gendarmería Nacional en tareas de inteligencia sobre los movimientos sociales y sus dirigentes viene a completar el preocupante cuadro político, donde la primera conclusión es que el gobierno nacional perdió el rumbo.
“Obnubilados por el triunfo de octubre del año pasado y apremiados por los efectos de la crisis económica mundial, la nueva etapa de este gobierno (nacional) muestra el giro definitivo hacia un modelo que nuevamente va a favorecer al capital concentrado”,
sostuvieron. Agregaron que, en en este contexto, la actuación de Gendarmería tira abajo el discurso de seguridad y de defensa de los derechos humanos, ya cuestionado por la sanción de la ley antiterrorista.
“Falta de control o decisión expresa del gobierno, en cualquier caso somos los ciudadanos los que quedamos a la deriva frente a
un Estado que sigue apuntando a sus habitantes”, advirtieron. Remarcaron que “el hecho tiene una relevancia gravísima” y señalaron que “no puede el Gobierno nacional ignorar o subestimar semejante agravio como es incumplir la ley de Inteligencia 25.520, que prohíbe a los organismos de seguridad realizar tareas de inteligencia interna por razones políticas o ideológicas.
Tras subrayar que se demostró siempre que la mejor garantía contra los atropellos del poder político y económico es la movilización social, puntualizaron finalmente que “solo el pueblo movilizado pondrá freno a esta escalada represiva surgida de un
gobierno que se reivindica como defensor de los DD.HH., una contradicción flagrante y del que ya no tiene retorno”.