Otra “guerra” legal comienza en Cachi con Eusebia Puca otra vez como protagonista.
Distante a unos 7 kilómetros de la cabecera departamental está el paraje La Aguada, un paraíso verde entre las montañas donde ya algunos empresarios desarrollaron sus proyectos turísticos y vitivinícolas.
En ese lugar, la señora Florencia María Wayar Díaz se presentó ante un escribano para que éste realice un relevamiento sobre los integrantes de una comunidad originaria diaguita calchaquí denominada La Aguada.
Ambos visitaron a las familias y descubrieron que varios de los integrantes de esa comunidad no se reconocen como aborígenes.
Por ejemplo, las familias de Catalina Castillo, Paulina Solano, Arnaldo Arturo Humano, Silvia Casimiro e Ignacio David Viveros aseguran que no se sienten integrantes de ninguna comunidad aborigen, que no conocen otro idioma que el castellano, que no responden a ningún cacique, que la autoridad que reconocen es la intendenta de Cachi, Fanny Flores de Guitián y que no firmaron nunca un papel relacionado con el tema.
El acta fue redactada el 28 de enero de 2012 ante el escribano Eduardo de Athayde Moncorvo (h).
Seguramente, Puca deberá responder cómo hizo para que estas familias figuren entre los integrantes de la comunidad diaguita calchaquí “La Aguada” que presentaron ante las oficinas de Personería Jurídica de la provincia para ser luego elevadas al IPPIS para su reconocimiento legal.
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Otra “guerra” legal comienza en Cachi con Eusebia Puca otra vez como protagonista.
Distante a unos 7 kilómetros de la cabecera departamental está el paraje La Aguada, un paraíso verde entre las montañas donde ya algunos empresarios desarrollaron sus proyectos turísticos y vitivinícolas.
En ese lugar, la señora Florencia María Wayar Díaz se presentó ante un escribano para que éste realice un relevamiento sobre los integrantes de una comunidad originaria diaguita calchaquí denominada La Aguada.
Ambos visitaron a las familias y descubrieron que varios de los integrantes de esa comunidad no se reconocen como aborígenes.
Por ejemplo, las familias de Catalina Castillo, Paulina Solano, Arnaldo Arturo Humano, Silvia Casimiro e Ignacio David Viveros aseguran que no se sienten integrantes de ninguna comunidad aborigen, que no conocen otro idioma que el castellano, que no responden a ningún cacique, que la autoridad que reconocen es la intendenta de Cachi, Fanny Flores de Guitián y que no firmaron nunca un papel relacionado con el tema.
El acta fue redactada el 28 de enero de 2012 ante el escribano Eduardo de Athayde Moncorvo (h).
Seguramente, Puca deberá responder cómo hizo para que estas familias figuren entre los integrantes de la comunidad diaguita calchaquí “La Aguada” que presentaron ante las oficinas de Personería Jurídica de la provincia para ser luego elevadas al IPPIS para su reconocimiento legal.