Esta semana todos hablaron de YPF y del destino incierto de parte de sus acciones, pero poco o nada se dijo de la verdadera crisis que sigue sin resolverse en el país: la pérdida del autoabastecimiento en gas y petróleo. El árbol tapó una vez más al bosque y los responsables políticos del desquicio energético cargaron sus culpas en la cabeza del grupo español que encabeza Antonio Brufau, y que tiene como socio en Argentina a un amigo de la Casa Rosada: Sebastián Eskenasi.
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Esta semana todos hablaron de YPF y del destino incierto de parte de sus acciones, pero poco o nada se dijo de la verdadera crisis que sigue sin resolverse en el país: la pérdida del autoabastecimiento en gas y petróleo. El árbol tapó una vez más al bosque y los responsables políticos del desquicio energético cargaron sus culpas en la cabeza del grupo español que encabeza Antonio Brufau, y que tiene como socio en Argentina a un amigo de la Casa Rosada: Sebastián Eskenasi.
Muchos señalan hoy a Eskenasi como examigo de los Kirchner, y las concesiones que le “quitaron” en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta parecerían confirmar el distanciamiento.
Sin embargo, los gobernadores le hicieron un gran favor a la YPF de Eskenasi al quitarle toda responsabilidad de inversión en esas áreas marginales que tienen baja factibilidad productiva. Es demasiado llamativo que el propio ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, haya sido quien diera la luz a esta embestida, en la mesa de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), mientras que avanzaba con Enarsa en las adendas contractuales que permitirán a Repsol YPF, British Petroleum (BP) y Pan American Energy hegemonizar, desde sus yacimientos en el sur de Bolivia, el mercado del gas natural y pronto también el de las garrafas en la Argentina.
¿Nadie se preguntó en este país por qué British Petroleum elevaría una nota a la Cancillería aclarando, en reconocimiento de los derechos soberanos de la Argentina, que no participa ni participará en proyecto hidrocarburífero alguno en las islas Malvinas? La aclaratoria de la petrolera inglesa, más que una preocupación por las operaciones del área chubutense de Cerro Dragón, parece abrir un paraguas por las gigantescas operaciones con las que participa la subsidiaria British Gas en la sangría del déficit energético argentino, que este año superará los 12.000 millones de dólares.
En Salta, ni la BP ni Repsol-YPF operan una sola área hidrocarburífera, pero se cuentan entre las principales beneficiarias de las importaciones de gas que ingresan desde Bolivia o en buques, a las terminales portuarias de Buenos Aires, como gas natural licuado (GNL). En ambos casos, los volúmenes son cada año más significativos y los precios resultan cada vez más onerosos.
Entonces cabe preguntarse: ¿Por qué en los últimos nueve años el Gobierno nacional mantuvo sujetado el precio en los yacimientos argentinos a un valor cuatro veces inferior al que desembolsa a las empresas petroleras que operan desde Bolivia?
Todo esto ocurrió ante las narices de los organismos del Estado, que en nueve años no intimaron a una sola operadora, como estaban obligados a hacerlo hace ocho años, cuando el país ya se mostraba caído en la crisis energética que De Vido negaba en la cara de usinas, industrias y hasta de hogares que comenzaron a verse con el gas natural cortado. Mientras tanto, a través de Enarsa, la sociedad que se suponía creada para llenar los vacíos que dejó la exestatal YPF, De Vido avanzó con los contratos de importación y los esquemas intervencionistas con los que irrumpieron, en medio de las compañías multinacionales favorecidas por la vista gorda del poder concedente, nuevos actores petroleros. Eskenasi, Cristóbal López, Lázaro Báez, son algunos de los amigos bendecidos por el modelo.
Sea cual fuere la suerte que se decida para YPF, la crisis energética tiene causas, responsabilidades e intereses que deben ser asumidos.