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Pese al escándalo, el Gobierno ratificaría la candidatura de Reposo

Jueves, 10 de mayo de 2012 22:18

Tras la escandalosa revelación de que el titular de la Sindicatura General de la Nación y candidato a la Procuración General, Daniel Reposo, agregó datos falsos a su currículum, el Gobierno nacional defendió ayer al funcionario. A su vez, el síndico admitió la falta pero la adujo a un “error involuntario de tipeo”.

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Tras la escandalosa revelación de que el titular de la Sindicatura General de la Nación y candidato a la Procuración General, Daniel Reposo, agregó datos falsos a su currículum, el Gobierno nacional defendió ayer al funcionario. A su vez, el síndico admitió la falta pero la adujo a un “error involuntario de tipeo”.

Pese a los cuestionamientos y las críticas, desde la Casa Rosada avanzan haciendo oídos sordos. En este sentido el exjefe de Gabinete y actual senador nacional, Aníbal Fernández, restó importancia a la grave denuncia y descontó que Reposo sea aceptado en el cargo. “Como (diario La Nación) miente no lo creo. Si me demuestran que es cierto le prestaré atención”, dijo ayer el senador.

La revelación fue explosiva. En el apartado destinado a detallar los congresos en los que había intervenido, Reposo afirmó que el año pasado disertó en la conferencia “Espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos”, en la ex-ESMA, junto con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon. Pero el dato fue rotundamente desmentido por el organismo internacional.

Ante esta situación, el candidato del oficialismo para encabezar la Procuración General de la Nación atribuyó ayer a un “pequeño error de tipeo”. En tanto, la Sigen optó por quitarle relevancia a la denuncia al afirmar que “la excesiva difusión de un simple error de tipeo en su CV forma parte del plan de persecución y desprestigio que implementaron Clarín y La Nación, grupos mediáticos hegemónicos, porque (Reposo) investiga y denuncia sus irregularidades en Papel Prensa”.

Cabe destacar que en el escrito, según trascendió, se puso en duda también la veracidad de otras 7 conferencias en las que Reposo aseguró haber sido “disertante”.

Entre los cuestionamientos los diputados Daniel Amoroso y Graciela Ocaña también denunciaron que era falsa la participación como disertante de Reposo en el Congreso de Economía y Gestión, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en 2010. Argumentaron que en el sitio oficial del certamen, Reposo no figura entre los principales oradores.

En este contexto, de acuerdo a lo anunciado por el senador oficialista Miguel Angel Pichetto en la sesión del miércoles, Reposo se sometería a la primera audiencia para ser procurador el próximo 31 de mayo pese a no contar con los votos garantizados para aprobar su pliego. Aunque, según trascendidos, el oficialismo analiza una estrategia para alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar el pliego. A través de un viaje al exterior encabezado por Boudou, de la comitiva participarían senadores opositores quienes no estarían presentes y darían rienda suelta al propósito del kirchnerismo.

Cabe recordar que tras ser postulado por Cristina, Reposo cambió su perfil de Twitter y Facebook. De ser un militante ultrakirchnerista y seguidor del vicepresidente, el funcionario se limitó a poner en su perfil un frío: “Síndico General de la Nación”.

La demanda de Righi

El exprocurador general de la Nación Esteban Righi anunció ayer que demandará a su exsubordinado, el actual diputado nacional por la UCR Manuel Garrido, por haber reiterado que renunció como titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por los “obstáculos” que le imponía su entonces jefe. Righi sostiene que la afirmación de Garrido es falsa, y como prueba de ello exhibe el fallo de la Corte Suprema que dispuso la reapertura de una causa por enriquecimiento ilícito contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Ese fallo reconoce facultades a la FIA, tal como había dictaminado Righi al recomendarle a la Corte que reconociera al organismo la posibilidad de intervenir en expedientes por delitos cometidos por funcionarios públicos.

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