“Esta presidenta es absolutamente responsable y previsible”, afirmó Cristina Fernández ante un auditorio colmado de jóvenes militantes de La Cámpora y la JP-Evita, en ocasión de inaugurar la Sala de la Juventud Néstor Kirchner, en la Cámara Baja. A pocas semanas de haber procedido a la expropiación de la mayoría accionaria de la empresa más importante del país -algo que no estaba previsto en su programa de gobierno- esas afirmaciones sonaron sorprendentes y poco convincentes. Si algo caracteriza a la gesta que se inició hace nueve años es la imprevisibilidad.
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“Esta presidenta es absolutamente responsable y previsible”, afirmó Cristina Fernández ante un auditorio colmado de jóvenes militantes de La Cámpora y la JP-Evita, en ocasión de inaugurar la Sala de la Juventud Néstor Kirchner, en la Cámara Baja. A pocas semanas de haber procedido a la expropiación de la mayoría accionaria de la empresa más importante del país -algo que no estaba previsto en su programa de gobierno- esas afirmaciones sonaron sorprendentes y poco convincentes. Si algo caracteriza a la gesta que se inició hace nueve años es la imprevisibilidad.
En un contexto en el que los partidos políticos son “cáscaras vacías” - Hugo Moyano dixit- y las declaraciones programáticas que se presentan a las elecciones son meros enunciados retóricos y carentes del menor rigor, muchas de las decisiones políticas que se impulsan desde el Ejecutivo parecen ir dirigidas a apagar fuegos surgidos en el momento. No existe, o no se conoce, un verdadero plan de gobierno. Ninguna de las medidas más fuertes adoptadas por este gobierno -estatización de las AFJP, ley de medios, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central o YPF- estaban incorporadas en un programa que hubiera sido previamente votado por los electores. Y si alguien encuentra alguna referencia perdida en ese programa, deberá convenir que no fueron, hasta antes de su tratamiento por el Congreso, exhibidas claramente frente al electorado. Hay que decir, para ser ecuánimes, que la imprevisibilidad no es un problema que solo pueda atribuirse a este gobierno. En general forma parte de la cultura política de toda la región, porque al decir de Carlos Matus, “la práctica de gobierno en América Latina facilita la improvisación y desvaloriza la planificación porque el aparato del sector público conforma un sistema macroorganizativo de baja responsabilidad”.
Con el calificativo de baja responsabilidad se quiere señalar que no hay quien pida rendición de cuentas de forma sistemática por el desempeño en las apuestas realizadas por los gobiernos, en ausencia de planes vinculados a promesas electorales transparentes. El sistema político, a través del partido que se apropia literalmente del Estado, utiliza criterios internos de evaluación, basados en el modo en que se satisfacen las oportunidades de negocios, poder y protección que se otorgan a sus miembros.
A los ciudadanos solo les queda el acto electoral, ejercido cada cierto tiempo, para hacer valer sus preferencias, en una ceremonia en la que predomina la retórica. Como señala Matus, la improvisación está tan arraigada en nuestras sociedades porque ofrece claras ventajas a los políticos. En primer lugar, porque está al alcance de todos, dado que para improvisar no hace falta tener entrenamiento ni conocimientos especiales. Obsérvese que la mayoría de los dirigentes políticos latinoamericanos son abogados, una profesión que no presta en su currícula la menor atención a la gestión administrativa o a la formación en control presupuestario.
Por otra parte, la improvisación alimenta el egocentrismo y la soberbia del hombre práctico, que permanece sometido a la ignorancia de segundo grado (“no sabe que no sabe”). La improvisación es flexible y adaptable a la realidad, dado que nadie tiene que explicar los cambios ante la ausencia de una planificación previa y es la herramienta preferida por nuestros dirigentes políticos, porque actúa exenta de formalismos.
El dirigente improvisador actúa basado en la intuición y rehúsa atenerse a una teoría o técnica basada en el conocimiento científico. El resultado final es un sistema de enorme mediocridad, que carece de estímulos para elevar la calidad y la eficiencia del sistema de gestión pública. Los dirigentes políticos se resisten a sacar al sistema organizativo de su actual punto de mediocridad, porque temen perder las bases de su poder artesanal.
De este modo, el proceso de modernización del aparato público latinoamericano queda atrasado, en un momento en el que las empresas privadas están enfrascadas en la búsqueda continua de la calidad, mejorando notablemente su eficiencia productiva. No es una paradoja menor que los proclamados defensores de la intervención fuerte del Estado en la economía sean luego los que trabajan denodadamente por corromperlo, parasitarlo y debilitarlo internamente.