La endeble situación financiera de Edenor y Edesur, que obligó al Gobierno a tomar medidas urgentes para que ambas firmas pudieran pagar los sueldos a sus empleados, pone sobre el tapete que la negada crisis energética que afronta al país no es una ficción mediática sino una cruda y desagradable realidad. Sucede que las empresas del sector eléctrico venían demorando el pago de un adicional acordado con Luz y Fuerza el año pasado argumentando que no tenían fondos para hacerlo. Ahora, el Poder Ejecutivo canceló facturas impagas del sector público para que tuvieran cómo hacer frente a esa deuda.
Ante los rumores sobre una eventual estatización de ambas compañías bajo el eufemismo de un “nuevo modelo de mercado eléctrico”, el titular del gremio de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, consideró ayer que “no es la intención del Gobierno nacionalizar las compañías. No es la misma situación que YPF, es muy distinta”, puntualizó.
No obstante, Lescano expuso que la situación financiera de las compañías que brindan servicio energético a millones de personas en Buenos Aires, está muy lejos de atravesar su mejor momento. El sindicalista remarcó que las cuentas de ambas compañías se encuentran “en rojo, en default” y que no podrán hacer frente a los vencimientos de sus deudas con acreedores públicos y privados.
“Autoridades de los ministerios de Trabajo, Planificación y Economía han escuchado de boca de los representantes de las empresas que están en rojo, en default”, señaló el titular de Luz y Fuerza.
Sobre este escenario deficitario en el sector energético, se concluyó que las posibles soluciones son dos: aumento de tarifas o subsidios.
La primera no parece viable en tanto el Gobierno frenó los ajustes pregonados por la “sintonía fina” de fines del año pasado.
El segundo podría venir por un “guiño” del propio Ejecutivo para que las empresas distribuidoras dejen de pagar una parte de la energía que reciben a Cammesa (organismo mixto) que administra el mercado eléctrico.
Con la falta de planificación en materia energética como telón de fondo y propinando como ocurre habitualmente, “manotazos de ahogados”, el Gobierno comenzará a pedir informes para analizar la capacidad financiera y operativa de ambas firmas. A partir de allí se espera, en un lapso de 20 días, obtener un diagnóstico que les permita trabajar en un nuevo modelo de mercado eléctrico.
inicia sesión o regístrate.
La endeble situación financiera de Edenor y Edesur, que obligó al Gobierno a tomar medidas urgentes para que ambas firmas pudieran pagar los sueldos a sus empleados, pone sobre el tapete que la negada crisis energética que afronta al país no es una ficción mediática sino una cruda y desagradable realidad. Sucede que las empresas del sector eléctrico venían demorando el pago de un adicional acordado con Luz y Fuerza el año pasado argumentando que no tenían fondos para hacerlo. Ahora, el Poder Ejecutivo canceló facturas impagas del sector público para que tuvieran cómo hacer frente a esa deuda.
Ante los rumores sobre una eventual estatización de ambas compañías bajo el eufemismo de un “nuevo modelo de mercado eléctrico”, el titular del gremio de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, consideró ayer que “no es la intención del Gobierno nacionalizar las compañías. No es la misma situación que YPF, es muy distinta”, puntualizó.
No obstante, Lescano expuso que la situación financiera de las compañías que brindan servicio energético a millones de personas en Buenos Aires, está muy lejos de atravesar su mejor momento. El sindicalista remarcó que las cuentas de ambas compañías se encuentran “en rojo, en default” y que no podrán hacer frente a los vencimientos de sus deudas con acreedores públicos y privados.
“Autoridades de los ministerios de Trabajo, Planificación y Economía han escuchado de boca de los representantes de las empresas que están en rojo, en default”, señaló el titular de Luz y Fuerza.
Sobre este escenario deficitario en el sector energético, se concluyó que las posibles soluciones son dos: aumento de tarifas o subsidios.
La primera no parece viable en tanto el Gobierno frenó los ajustes pregonados por la “sintonía fina” de fines del año pasado.
El segundo podría venir por un “guiño” del propio Ejecutivo para que las empresas distribuidoras dejen de pagar una parte de la energía que reciben a Cammesa (organismo mixto) que administra el mercado eléctrico.
Con la falta de planificación en materia energética como telón de fondo y propinando como ocurre habitualmente, “manotazos de ahogados”, el Gobierno comenzará a pedir informes para analizar la capacidad financiera y operativa de ambas firmas. A partir de allí se espera, en un lapso de 20 días, obtener un diagnóstico que les permita trabajar en un nuevo modelo de mercado eléctrico.
Caen las acciones
La toma de ganancias, la debilidad de los mercados externos y las versiones en torno de la intervención estatal en el sector eléctrico hicieron que la Bolsa porteña cayera ayer un 2,06%. La bajas fueron lideradas por los papeles de Edenor con pérdidas de 11,83%.
De cerca los siguieron las acciones de las empresas Transener y Pampa Energía, que cayeron 7,38% y 4,88%, respectivamente.