ANDRES OPPENHEIMER
Corresponsal extranjero y columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald

Salvo pocas excepciones, la respuesta de los países latinoamericanos a la masacre de más de 100 civiles -incluyendo a 49 niños y 34 mujeres- en la aldea siria de Houla ha sido escandalosamente tibia para una región que ha sufrido graves violaciones de los derechos humanos en el pasado. La semana pasada, cuando Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España y otras cinco naciones importantes expulsaron a los embajadores de Siria tras la matanza de Houla, para enviar una fuerte señal de condena a la dictadura de Bashar al Asad, ningún país latinoamericano hizo lo mismo.
Según las Naciones Unidas, la matanza fue llevada a cabo por milicias progubernamentales que irrumpieron en viviendas particulares y ejecutaron a mansalva a familias enteras. Las fuerzas paramilitares han sido las principales responsables de los 12.000 muertos de Siria desde el principio de la sublevación contra Asad trece meses atrás. Los funcionarios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU han dicho que 20 de los muertos de Houla fueron aniquilados por la artillería del Gobierno y que la masacre podría catalogarse de “crimen contra la humanidad”.
En América Latina solo un país, Panamá, anunció que ha “suspendido temporalmente” las relaciones diplomáticas con Siria, aunque la medida es simbólica, porque Siria no tiene embajada en Panamá.
Cuba y Venezuela apoyan abiertamente la dictadura de Asad. El viernes, cuando el usualmente timorato Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por abrumadora mayoría una resolución condenando el “escandaloso uso de la fuerza contra la población civil” por parte de “elementos progubernamentales” de Siria y pidió una investigación independiente del caso, Cuba fue uno de los pocos miembros del Consejo que votó en contra de la resolución, y Ecuador se abstuvo.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, quien en 2010 condecoró con la “Orden del Libertador” a Asad, ha enviado 600.000 barriles de diésel al Gobierno de Siria en el último año, según el Gobierno venezolano.
Colombia y Guatemala, que actualmente integran el Consejo de Seguridad de la ONU, han condenado la masacre de Houla y apoyado una resolución del 27 de mayo del Consejo de Seguridad que condena los acontecimientos, pero sin culpar directamente al régimen de Asad.
México, Chile y otros países han emitido declaraciones condenando la matanza de Houla y apoyando la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no han tomado ninguna medida diplomática con respecto a los diplomáticos sirios, o a sus propios diplomáticos en Siria.
Brasil respaldó la resolución del Consejo de Seguridad, pero señaló que no expulsará a los diplomáticos sirios porque eso cerraría toda posibilidad de diálogo con el régimen sirio. El Gobierno de Argentina ha permanecido en silencio ante la masacre.
“Brasil no está haciendo nada”, señala José Miguel Vivanco, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch. “Brasil y otros países latinoamericanos que han sufrido dictaduras deberían estar encabezando los reclamos internacionales por medidas concretas”, planteó.
¿Qué argumentan los diplomáticos latinoamericanos? Muchos dicen que una escalada de las sanciones contra Siria conduciría a una intervención militar extranjera en Siria, tal como ocurrió en Libia. Algunos también dicen que los países europeos y Estados Unidos son hipócritas, porque no expulsan a los embajadores de China y otros violadores de los derechos humanos con los que mantienen estrechas relaciones comerciales.
Mi opinión: estos últimos argumentos son tramposos y peligrosos. No tomar acciones diplomáticas solo hará que la dictadura de Asad mate aún a más civiles y que el conflicto sectario se propague más rápidamente a los países vecinos, aumentando la posibilidad de una intervención extranjera.
Y el argumento de la hipocresía de Estados Unidos y Europa es una excusa para no hacer nada. Los países latinoamericanos pueden -y deben- actuar contra todos los violadores de los derechos humanos en el mundo. La defensa de los derechos humanos a nivel global es la mejor línea de defensa de Latinoamérica contra futuras violaciones a los derechos humanos en sus propios países. Pero, aparentemente, la mayoría de los gobiernos ha olvidado las enseñanzas de su propio pasado.

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