El triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales mexicanas abre una nueva etapa política en el país azteca. El retorno del Partido Revolucionario Institucional, nacido en 1929 como instrumento para la institucionalización política de la Revolución Mexicana de 1912, implica un voto de confianza de la sociedad mexicana a la capacidad del PRI de garantizar la gobernabilidad en un escenario signado por la espiral de violencia provocada por el narcotráfico, que en seis años de gestión de Felipe Calderón dejó un saldo de más de 30.000 muertos.
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El triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales mexicanas abre una nueva etapa política en el país azteca. El retorno del Partido Revolucionario Institucional, nacido en 1929 como instrumento para la institucionalización política de la Revolución Mexicana de 1912, implica un voto de confianza de la sociedad mexicana a la capacidad del PRI de garantizar la gobernabilidad en un escenario signado por la espiral de violencia provocada por el narcotráfico, que en seis años de gestión de Felipe Calderón dejó un saldo de más de 30.000 muertos.
Con el fin del mandato de Calderón, vuelve al llano el Partido de Acción Nacional, la histórica fuerza de centroderecha de raíz católica creada en 1935, que en 2000, con Vicente Fox, interrumpió setenta años de hegemonía “priísta” y gobernó México durante doce años. Sugestivamente, en esta oportunidad Fox no apoyó a Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, sino que respaldó a Peña Nieto.
Esa actitud de Fox reflejó la posición del “establishment” económico mexicano, cuyo objetivo electoral era obstaculizar el avance de Andrés López Obrador, candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), una corriente de izquierda surgida en la década del 80 con el liderazgo de Cuauhtemoc Cárdenas (hijo del expresidente “priísta” Lázaro Cárdenas) como una escisión del PRI, al que acusa de haber traicionado el ideario revolucionario.
Lo de Fox constituyó en realidad una devolución de gentilezas: los cables de la embajada estadounidense en México, divulgados en WikiLeaks, revelan que en las elecciones de 2006, el candidato del PRI Roberto Madrazo favoreció el triunfo de Calderón para evitar también el ascenso de López Obrador, quien denunció la existencia de fraude electoral y se autoproclamó “presidente legítimo”.
A partir de las elecciones de 2000, México, que durante varias décadas había constituido un modelo político de “partido dominante”, pasó a contar con un fluido sistema tripartidista con una alta velocidad de rotación en los resultados electorales. En los tres últimos comicios presidenciales, nunca se repitió el orden de preferencias del electorado entre los partidos intervinientes. En 2000, el PAN salió primero (con Fox como candidato), el PRI segundo y el PRD tercero; en 2006 ganó el PAN, seguido por el PRD y luego por el PRI; y en 2012 triunfó el PRI, con el PRD en segundo lugar y el PAN en el tercer puesto.
Se trata empero de un tripartidismo imperfecto, por la existencia de un “tercero incómodo”: el PRI y el PAN maniobran tras bambalinas para postergar al PRD. Es probable que en el próximo sexenio se implemente una reforma para establecer la segunda vuelta en la elección presidencial, tal como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos. La modificación fortalecería la legitimidad democrática del mandatario electo y permitiría blanquear esta situación, ya que en la segunda vuelta el PRI y el PAN podrían cerrar filas contra el PRD.
Continuidad y cambio
La principal incógnita que rodea la asunción del flamante presidente gira en torno de sus planes en relación con la lucha contra el narcotráfico. Calderón pagó un gigantesco costo político por su decisión de emplear a las Fuerzas Armadas en un combate que ya había superado largamente la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad interior. Llovieron entonces las acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y la multiplicación de las víctimas generó una situación de inseguridad pública que minó seriamente la imagen gubernamental.
Sin embargo, ninguno de los tres candidatos que compitieron en las elecciones presidenciales propuso retirar a los militares del frente de batalla. Peña Nieto produjo un golpe de efecto: la contratación del general colombiano Oscar Naranjo (exjefe de Policía durante la presidencia de Alvaro Uribe) como asesor en temas de seguridad pretendió infundir en la sensación de que México podía imitar el exitoso camino recorrido por Colombia.
La influencia de Naranjo preanuncia el fortalecimiento operativo de una nueva fuerza policial (separada de la policía tradicional), especializada en la lucha contra el narcotráfico, cuyo desarrollo permitiría asumir paulatinamente el papel que actualmente desempeñan las Fuerzas Armadas y posibilitaría también que las demás fuerzas policiales que coexisten hoy en México (federales, estatales y municipales) puedan concentrarse en la preservación de la seguridad ciudadana.
Pero la presencia de Naranjo hace presumir también la intención de que, así como existió un “Plan Colombia”, pueda concertarse un “Plan México”, que implicaría un salto cualitativo en el compromiso directo de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, objetivo que representa una prioridad estratégica irrenunciable para cualquier administración norteamericana.
Esta posibilidad está empero subordinada a la condición de que el PRI pueda desmentir en los hechos la generalizada sospecha, fuertemente alimentada por sus detractores, de que algunos de sus poderosos caciques territoriales pueden anudar pactos locales de no agresión con distintos cárteles del narcotráfico.
Rumbo al Asia
La mayor cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico estará acompañada por la búsqueda de una mayor apertura económica. Peña Nieto luce convencido de que México requiere un fuerte incremento de la tasa de inversión para incrementar sus bajos índices de crecimiento. Cabe prever una profundización del modelo de integración que el propio PRI inició en 1994, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con la activa participación de México en la creación del Nafta.
El punto central de esta nueva etapa aperturista reside en la participación del sector privado en la explotación del petróleo mexicano, hasta ahora monopolizada por la estatal PEMEX. Para concretarla, Peña Nieto tendrá que caminar con pies de plomo. La estatización del petróleo, dispuesta en 1938 por Lázaro Cárdenas, es la última de las “vacas sagradas” de la mitología del PRI.
Es probable que para lograr este objetivo, que despertará seguramente la ira del PRD, el nuevo mandatario obtenga el consenso de la bancada del PAN en el Congreso. Paradójicamente, ni Fox ni Calderón pudieron avanzar en esa dirección por la oposición parlamentaria del PRI. Peña Nieto cuenta con una dosis adicional de legitimidad política, porque es el primer presidente del PRI que no fue escogido por el “dedazo” de su antecesor, sino mediante una elección interna democrática en la que derrotó a competidores de fuste.
Pero ni una asociación más estrecha con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico ni la apertura del sector petrolero a la actividad privada garantizan el futuro de México. La gran apuesta estratégica está en el océano Pacífico. La constitución de la Alianza del Pacífico, con la presencia de Colombia, Perú y Chile (las tres economías más abiertas de América del Sur), representa un ambicioso proyecto de integración regional, orientado hacia la concreción de un tratado de libre comercio con China, una audaz iniciativa en la que Pekín, por ahora con escaso éxito, pretende también involucrar al Mercosur.
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