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Imputaron a otro Cirigliano en la tragedia de Once

Viernes, 10 de agosto de 2012 20:49
Se pagaban sumas millonarias a una empresa de los Cirigliano que luego recuperaban por vía de subsidios estatales.

El fiscal federal Federico Delgado imputó ayer a Mario Cirigliano, dueño del Grupo Plaza junto a su hermano Sergio, en la investigación por el accidente ferroviario en el que murieron 51 personas al chocar un tren de la línea Sarmiento en la estación Once.

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Se pagaban sumas millonarias a una empresa de los Cirigliano que luego recuperaban por vía de subsidios estatales.

El fiscal federal Federico Delgado imputó ayer a Mario Cirigliano, dueño del Grupo Plaza junto a su hermano Sergio, en la investigación por el accidente ferroviario en el que murieron 51 personas al chocar un tren de la línea Sarmiento en la estación Once.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal le pidió al juez Claudio Bonadío que cite a indagatoria a Mario Cirigliano.

Lo acusa de desviar fondos que entregaba el Estado en forma de subsidios a la empresa TBA (entonces concesionaria del Sarmiento y matriz del Grupo Plaza) a tercerizadas, que él y su hermano Claudio tienen a cargo.

En la causa ya estaban imputados Sergio Claudio, su primo Antonio y Roque Cirigliano, -ex director de material rodante de TBA- y ahora el fiscal pide que se cite a Mario “por ser parte esencial de la estructura empresarial vinculada al adentro y al afuera de los sucesos ocurridos”.

Concretamente, Delgado explicó que tanto Mario como Claudio Sergio son los dueños del Grupo Plaza S.A., controlante de muchas de las firmas involucradas en la causa.

En ese sentido, tuvo en cuenta que existe un “sistema de tercerización de servicios” en torno a TBA, y que aquellas “pertenecían al mismo holding empresarial: el Grupo Plaza, propiedad de los hermanos Sergio Claudio y Mario Cirigliano”.

“Y lo más resonante aún son las sumas millonarias de dinero que estas empresas tercerizadas le cobraban a TBA por sus servicios prestados. Esta clara “confusión” societaria refleja una sospechosa triangulación de fondos que no hace más que corroborar cómo se desviaban los subsidios otorgados por el Estado”, determinó en el dictamen.

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