La dicotomía entre el federalismo y el unitarismo. En medio del preocupante rojo fiscal que presentan un gran número de provincias, y a veinte años del Pacto Fiscal, es que las diversas jurisdicciones siguen aportando por esa medida más de 23 mil millones de pesos, un equivalente al 80 por ciento del déficit fiscal proyectado para todas las provincias, que en muchos casos pasarían a tener superávit.
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La dicotomía entre el federalismo y el unitarismo. En medio del preocupante rojo fiscal que presentan un gran número de provincias, y a veinte años del Pacto Fiscal, es que las diversas jurisdicciones siguen aportando por esa medida más de 23 mil millones de pesos, un equivalente al 80 por ciento del déficit fiscal proyectado para todas las provincias, que en muchos casos pasarían a tener superávit.
Pero la luz de alerta en la mayoría de las provincias contrasta fuertemente con las estadísticas oficiales en cuanto a la recaudación de impuestos. Es que en julio, los ingresos fueron los mejores en cuatro meses y mostraron una reconfortante recuperación frente a lo que fue el promedio de la primera mitad del alicaído año en términos económicos.
Pero esta mejora no impactó sustancialmente en el aumento de las transferencias por coparticipación a las provincias, según un estudio de la consultora Economía y Regiones. Sucede que los ingresos que subieron son los que menos inciden en el reparto federal.
Asimismo es preciso destacar lo alarmante que resulta el hecho de que la participación efectiva de las provincias se haya reducido del 46% al 34% durante los últimos 20 años a razón de un promedio de 0,6 puntos porcentuales anuales.
Así, producto de las reformas inducidas por el Gobierno Nacional, las provincias han dejado de percibir
12 puntos porcentuales de la masa de recursos tributarios nacionales, los cuales han pasado a ser, en gran medida, destinados a los que sectores opositores señalan como una de las “cajas” de la Casa Rosada, es decir la Anses.
De esta manera, según señala el informe, en la última década los aportes de las provincias a este organismo estatal superaron los 100 mil millones de pesos a valores corrientes, una suma que sería notoriamente mayor si se le actualizara por la inflación acumulada en ese lapso.
Tampoco, nada despreciable teniendo en cuenta la complicada situación financiera que atraviesan las provincias.
Detonante de la crisis
Con el deterioro de las economías locales se ha puesto en la mira el esquema del federalismo, más precisamente en lo relacionado a la distribución de los recursos entre niveles de gobiernos. Es que con el pasar de los años el esquema fue distorsionandose cada vez más.
Antes, por coparticipación, los impuestos se repartían un 50% para la Nación y un 50% para las provincias. Ahora, la ley establece un reparto del 65% y 35% respectivamente, pero en realidad el Gobierno nacional se queda con entre el 73% y 76% de los ingresos, mientras destina a las provincias apenas un 27% a 24%.
Este modelo ha sido muy útil para el Gobierno nacional. Porque con los recursos sustraídos a las provincias, se ha pagado parte de la deuda nacional; y porque le ha permitido disciplinar a los gobernadores, hasta el momento.
En este marco es que uno de los gatilladores de la actual crisis ha sido la fuerte caída en la tasa de crecimiento de la coparticipación.
El ajuste como alternativa
En tanto la Nación, de los dos impuestos coparticipables más importantes que se coparticipan una parte minoritaria, el IVA que recauda la Dirección General Impositiva y los derechos de exportación, crecieron en estos cinco meses el 36,6% y 37,7% respectivamente, siendo el aumento de toda la recaudación nacional un 26,1% superior a la del año pasado en el periodo enero-mayo. Traducido en cifras, la Nación recaudó 259 mil millones de pesos, se quedó con $187 mil millones (72%) y giró a las provincias $73 mil millones (28%).
Pese a esto, el mensaje de la Casa Rosada fue y es claro: cuando la plata no alcance cada distrito deberá garantizar nuevos fondos o hacerse cargo de los futuros aumentos.
Es así que las provincias parecen no encontrar alternativa al ajuste en sus jurisdicciones con los costos políticos que traerían aparejado. Sin dudas el cuadro económico es sumamente preocupante y con la inflación como telón de fondo.
El histórico despojo a las provincias
En agosto de 1992 el gobierno menemista le impuso a las provincias el llamado Pacto Fiscal I, a través del cual la Nación se quedaba con el 15% de la masa de la recaudación de impuestos nacionales coparticipables antes de que se procediera a la distribución primaria, que es la que fija el reparto entre el gobierno nacional y todas las provincias, con el argumento de que estas debían ser solidarias con el pago de las jubilaciones nacionales.
Tiempo después, más precisamente en mayo de 2010, Cristina Fernández anunció un “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”. Lejos de ser una decisión verdaderamente federalista, la medida obligó a las provincias a cederle los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional que por la Ley 23.548 les son propios. A su vez se reprogramó la deuda para que se siga pagando en 228 cuotas (19 años).
Gastos por encima de los ingresos
El rojo fiscal de las provincias enciende la luz de alerta en la Casa Rosada. Es que desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) aseguraron que el gasto aumentará un 3% por sobre el ingreso, a lo que hay que agregar el mayor monto de intereses de la deuda pública que debe afrontar el Gobierno en este año. Por esto es que el déficit fiscal llegaría a $55.000 millones a fin de 2012, lo que representa casi un 44% mayor respecto a 2011.
Según el organismo, esto se producirá debido a la baja de ingresos del primer semestre, en el orden de los $8.000 millones, a lo que se sumaría el mayor monto de intereses de la deuda pública, que alcanzaría en 2012 los $47.000 millones.