“Lo que ocurrió con los niños de la escuela especial de Cafayate es un trato degradante y humillante, tal como lo denuncian las Convenciones Internacional e Interamericana contra la tortura y otros tratos crueles y degradantes”, afirmó Natalia Buira, defensora oficial 5 del Ministerio Público de la Provincia.
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“Lo que ocurrió con los niños de la escuela especial de Cafayate es un trato degradante y humillante, tal como lo denuncian las Convenciones Internacional e Interamericana contra la tortura y otros tratos crueles y degradantes”, afirmó Natalia Buira, defensora oficial 5 del Ministerio Público de la Provincia.
Y fue más allá al afirmar que “es un acto discriminatorio fundado en las condiciones de pobreza, porque seguramente no hubiera pasado en un espacio de otra condición social”.
La profesional, master en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, explicó a El Tribuno que “no solamente no se tuvo en cuenta su especial calidad de vulnerabilidad , sino que no corresponde bajo ningún concepto hacer requisas y menos aún desvestirlos. Para cualquier persona es denigrante, y peor en un menor sobre quien los cuidados se deben extremar. Se incurrió en una verdadera violación de sus derechos”.
Buira remarcó que no se debe perder el foco de que los niños son inimputables, aunque hubieran cometido un ilícito que, en este caso, no se comprobó nada.
La defensora evaluó que “estas situaciones se dan en nuestra sociedad en la que lamentablemente está arraigada esta condición represiva, policíaca y persecutoria, aún con menores de edad, conducta que indudablemente también tienen el Estado y sus instituciones.
Responsabilidad compartida
Buira evaluó que en este doloroso hecho los chicos son víctimas tanto del accionar policial como del accionar de responsables de la educación. Las docentes han privilegiando el derecho a la propiedad de una adulta, en este caso la maestra que supuestamente perdió el dinero, por sobre derechos mucho más fundamentales que el de la propiedad: es el derecho a la dignidad, a la integridad psicofísica de niños menores de edad que aparte padecen una discapacidad mental, es decir personas doblemente vulnerables tanto por la franja etaria a la que pertenecen como por padecer una minoridad, en este caso mental.
“Aquí se patentiza la violencia institucional corporizada por los policías requisadores y por los directivos de un establecimiento educacional, de la que sin duda es responsable más allá de estos autores inmediatos el Estado Provincial”, dijo contundente la defensora.
Y ratificó que es también un hecho de discriminación por pobreza, “porque este episodio tan grave no hubiera tenido lugar en una escuela de niños de recursos socioeconómicos medio o medio-alto.
“Es un hecho gravísimo que patentiza lo arraigado en nuestra provincia de la violencia institucional, de una cultura autoritaria y discriminadora a la vez.
Buira remarcó que nadie debe olvidar los principios de la Convención de los derechos del Niño de 1989, la Ley de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes Ley nacional 26061 y
la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad a la cual Argentina adhirió en 2008.