Diputados de la UCR, el PRO y Unión Celeste y Blanco ratificaron ayer que votarán en contra de la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (exCiccone) si no hay más información sobre la empresa, aunque reconocieron que “la oposición no puede hacer más que lo que está haciendo”.
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Diputados de la UCR, el PRO y Unión Celeste y Blanco ratificaron ayer que votarán en contra de la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (exCiccone) si no hay más información sobre la empresa, aunque reconocieron que “la oposición no puede hacer más que lo que está haciendo”.
Tras la aprobación del Senado, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de expropiación el próximo martes en un plenario de comisiones y el objetivo del oficialismo es aprobarlo el miércoles en el recinto, en el marco de una sesión especial.
En este contexto, el diputado radical Ricardo Alfonsín afirmó que “la UCR y la mayoría de los partidos de la oposición no van a acompañar” la iniciativa del Ejecutivo porque “hay muchas sospechas de irregularidades”.
Según indicó Alfonsín, “las sospechas no están sólo en la compra de la empresa” por parte del grupo de inversión The Old Fund, sino también “en la moratoria” que le otorgó la AFIP, y señaló que, además, quieren saber “quién es el dueño y por qué se la contrató directamente” para imprimir billetes.
“En la oposición no podemos hacer más que lo que estamos haciendo”, reconoció el diputado radical en declaraciones a radio El Mundo, ante la eventual expropiación que el oficialismo prevé realizar sin sobresaltos, al amparo de la mayoría que ostenta en las comisiones y en el pleno de la Cámara. Por su parte, el diputado de Unión Celeste y Blanco Francisco de Narváez consideró que la expropiación es para “tapar un acto de corrupción y de tráfico de influencias vergonzoso para el Gobierno”, en referencia a las sospechas que pesan sobre el vicepresidente Amado Boudou, por su presunto vínculo con Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund. “El Ejecutivo tiene derecho de pedir la expropiación, pero debe conceder un proceso por el cual los diputados podamos citar testigos y esclarecer situaciones, y no sólo sentarnos a ver si hay número suficiente para sesionar”, agregó De Narváez.