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?Lo metieron preso por ladrón y lo soltaron por política?

Martes, 21 de agosto de 2012 21:53
Raro. Mientras la opinión pública mundial condenó las torturas policiales, en Güemes, la gente defiende a los causantes.

Tras haberse realizado la inspección ocular en la comisaría 11, de General Gemes, donde fue grabado el video de los policías torturando a los jóvenes Miguel Angel Martínez  y Mario Luis Rodríguez, hubo novedades con respecto al caso, ya que Pablo Cardozo Cisneros, abogado de Gabriel Gordillo, el principal de los acusados y el único que es claramente distinguido en las imágenes, realizó ayer impactantes declaraciones. “Tengo la plena certeza de que Mario Luis Rodríguez, quien fue detenido en General Güemes, tras haber sido sorprendido in fraganti huyendo con elementos robados, fue liberado, a las dos horas de ser aprehendido, por una urgente, terminante e indiscutible orden enviada desde el poder político. Tengo información precisa sobre el hecho y fuentes internas policiales irreprochables”, puntualizó el letrado, quien es, además, licenciado en Criminalística y exintegrante de la fuerza.

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Raro. Mientras la opinión pública mundial condenó las torturas policiales, en Güemes, la gente defiende a los causantes.

Tras haberse realizado la inspección ocular en la comisaría 11, de General Gemes, donde fue grabado el video de los policías torturando a los jóvenes Miguel Angel Martínez  y Mario Luis Rodríguez, hubo novedades con respecto al caso, ya que Pablo Cardozo Cisneros, abogado de Gabriel Gordillo, el principal de los acusados y el único que es claramente distinguido en las imágenes, realizó ayer impactantes declaraciones. “Tengo la plena certeza de que Mario Luis Rodríguez, quien fue detenido en General Güemes, tras haber sido sorprendido in fraganti huyendo con elementos robados, fue liberado, a las dos horas de ser aprehendido, por una urgente, terminante e indiscutible orden enviada desde el poder político. Tengo información precisa sobre el hecho y fuentes internas policiales irreprochables”, puntualizó el letrado, quien es, además, licenciado en Criminalística y exintegrante de la fuerza.

“Es por ello -añadió- que en las próximas horas, probablemente mañana (por hoy) o el miércoles a más tardar, pediré formalmente al juez de Instrucción Formal 3, Pablo Farah, quien entiende la causa, que sean citados a declarar el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester y los integrantes de la plana mayor de la Policía de la Provincia, que encabeza el comisario Marcelo Lami. Hay que aclarar una serie de cuestiones vinculadas a este causa, que no cierra, como por ejemplo -añadió- que el ministro conociera los nombres de los imputados antes que los efectivos que los detuvieron. De la misma manera, hay que dejar en claro qué fue lo que pasó con Mario Luis Rodríguez, uno de los jóvenes sometidos a apremios ilegales y de vasto prontuario, quien fue sorprendido luego de un robo por personal de la Brigada de Investigaciones de Gemes, en la madrugada del sábado pasado, junto a dos cómplices. Es que -amplió el abogado- pese a que tenían elementos sustraídos a terceros, entre ellos una caja con libros de cuentos infantiles y un reproductor de DVD, a las pocas horas y sin justificación alguna, fueron dejados en libertad, es raro”, dijo Cardozo. “Hay otras cosas que no me cierran y por eso quiero que me digan por qué Martínez, el otro de los torturados ni Rodríguez no ampliaron sus denuncias ni por qué el ministro ratificó las suyas. Tampoco está claro si los hechos realmente sucedieron en la comisaría de Gemes. Yo pedí, cuando el juez hizo la inspección ocular, que se verificaron los ángulos de filmación y se reproduzca la misma, pero eso no lo hicieron. A mi entender es una falla, porque era fundamental para saber si el agente Roberto Augusto Barrionuevo mintió o no al decir que él filmó ese video para denunciar a sus compañeros”.

Por lo pronto, Gordillo, Barrionuevo , Matías Eduardo Cruz, Héctor Raúl Ramírez, Leonardo Esteban Serrano y Alberto Antonio Ontiveros, continúan detenidos, acusados de la autoría de las torturas, mientras que la exjefa de la dependencia, Beatriz Campos y su segundo al mando por entonces, Omar Vivas están imputados, pero se hallan en libertad en razón de que no se ha podido precisar estaban allí cuando sucedieron los hechos, en mayo de 2011.

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