El juez federal 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, procesó a Carlos Sebastián Guitián (28), quien fue detenido por la División Drogas Peligrosas, el jueves 2 de agosto, cuando circulaba transportando 707 gramos de marihuana y una balanza gramera, a bordo de una camioneta perteneciente a la Municipalidad de la Ciudad de Salta y que poseía toda la documentación necesaria para su circulación.
inicia sesión o regístrate.
El juez federal 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, procesó a Carlos Sebastián Guitián (28), quien fue detenido por la División Drogas Peligrosas, el jueves 2 de agosto, cuando circulaba transportando 707 gramos de marihuana y una balanza gramera, a bordo de una camioneta perteneciente a la Municipalidad de la Ciudad de Salta y que poseía toda la documentación necesaria para su circulación.
Fuentes judiciales informaron que fue procesado por el delito de transporte de estupefacientes, una conducta del narcotráfico que tiene una pena de 4 a 15 años. Se dispuso un embargo de $100.000 y se le dictó prisión preventiva, por lo que continuará detenido en una unidad carcelaria.
También se procesó a Facundo Benjamín Alberto (26), por el delito de tenencia simple, que tiene una pena de 1 a 6 años, quien fue visitado por el primero y en cuyo domicilio le hallaron 48 gramos de marihuana que pertenecían a un “ladrillo” de propiedad de Guitián. Además se ordenó un embargo de $5.000 para Alberto, manifestaron las fuentes judiciales consultadas por El Tribuno.
Asimismo, se dictó falta de mérito y liberación para José Luis Córdoba, el exchofer municipal que era responsable de la camioneta.
Con el avance de la investigación se descartó que Córdoba -conocido como “Cordobita”- haya participado del delito, aunque le había prestado el vehículo oficial a Guitián, añadieron las fuentes judiciales.
En tanto, se ordenó también la devolución de la camioneta Chevrolet S-10 con vidrios polarizados, dominio HWW376 que estaba secuestrada, a la Municipalidad de Salta.
Un oficio fue enviado por el juez federal Bavio a la comuna en el que “sin ánimos de invadir ámbitos ajenos” se exhorta a las autoridades municipales a implementar “un sistema de mayor control sobre las personas que están a cargo de los vehículos oficiales y se garantice el correcto uso de los mismos”.