No hay excusas para que pase un solo día más sin sancionar un nuevo régimen de riesgos de trabajo.
inicia sesión o regístrate.
No hay excusas para que pase un solo día más sin sancionar un nuevo régimen de riesgos de trabajo.
La ley de riesgos de trabajo es una norma que perjudica a los trabajadores, a los empleadores y al mismo gobierno.
Desde el mismo día de su sanción, el 22 de septiembre de 1995, fueron numerosas las voces que se alzaron repudiando el régimen de “riesgos de trabajo” establecidos por Ley 24.557 (LRT). Hoy ya el clamor es unánime: es una norma que perjudica a los trabajadores, a los empleadores y al mismo gobierno; únicamente están felices las A.R.T. (administradoras de riesgos de trabajo) que continúan impertérritas su pinge negocio (aunque con algunas grietas que analizaremos).
El primer cuestionamiento hacia la norma en cuestión fue desde la óptica constitucional (aunque convengamos que en nuestro anómico país la Constitución Nacional no es una norma que preocupe demasiado). El artículo 14 bis ordena que la seguridad social, incluidos los riesgos laborales, sea cubierta mediante el “seguro social obligatorio”, administrado “por los interesados”, con “participación del Estado”. En el régimen actual no hay seguro social, no administran los interesados (trabajadores -potencialmente víctimas- y empleadores -que aportan-) y el Estado está ausente, ya que ni siquiera ejerce eficientemente la tarea de control que la ley le encomienda. Argentina ocupa el triste sitial de ser el único país del mundo que ha puesto la salud de sus trabajadores en manos de entidades con fines de lucro (algo así como poner el zorro a cuidar las gallinas).
Aunque los jueces no analizaron, particularmente, esa primigenia inconstitucionalidad; a lo largo y lo ancho de nuestro territorio, magistrados nacionales y provinciales aniquilaron por violar la Constitución en múltiples aspectos este régimen legal, al que hemos calificado como “Frankestein jurídico”: un hato de despojos que aún muerto continúa haciendo daño. De tal manera la LRT alcanzó otro récord para Guinnes: ser la ley que en la historia judicial del país ha sido declarada inconstitucional mayor cantidad de veces; hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dio el mazazo final.
Industria del juicio
En los primeros años de vigencia de la ley hubo fuertes cuestionamientos doctrinarios, pero que recién llegaron a los tribunales años después. Por otra parte, el mismo gobierno que la dictó la apoyaba fervientemente (Menem) y se produjo un compás de espera hasta ver el sistema funcionando, ya que existía una solemne promesa en el enunciado de la propia ley asegurando que se derogaba una estructura basada en la “reparación” de los accidentes, para poner énfasis en la “prevención” de los mismos. Hoy no tenemos ni reparación ni prevención.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene anunciando (antes lo hacía Néstor Kirchner) la pronta reforma de la ley. Ha transcurrido prácticamente una década de gobierno K y cada año que transcurre la inoperancia se esconde bajo el subterfugio de que se busca alcanzar el “consenso” para aprobar una nueva norma. Con una visión sesgada de la realidad, CFK dice que se busca acabar con la “industria del juicio”; con la humildad que la caracteriza afirma: “Sé de qué hablo, sé que esto me va a valer la crítica de algunos colegas, porque soy abogada, pero sé de qué estoy hablando”. No sabe de lo que habla; al margen de la discusión sobre su título de abogada, lo absolutamente cierto es que no existe constancia de un solo escrito judicial firmado por CFK como letrada de trabajadores, o defendiendo presos políticos o presentaciones jurídicas de cualquier naturaleza.
La “industria del juicio” es una leyenda urbana, desprendida de un dato real cuando a fines de la década del 80 el exjuez Alberto Nicosia lideró una asociación ilícita. Nicosia fue destituido e inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos en 1992 por la Cámara de Senadores, imputado de haber perjudicado a Ferrocarriles Argentinos mediante numerosas sentencias que obligaron a la empresa a pagar sumas millonarias en conceptos de indemnizaciones a supuestas víctimas de accidentes, en complicidad con determinados abogados y mediante la designación irregular de peritos. En uno de los casos, un hombre ganó un juicio por 1.100.000 dólares por la fractura de una muñeca que había sufrido ocho años antes del accidente ferroviario que motivó la demanda. Fue entonces cuando se acuñó el término “industria del juicio”, que luego fue apropiado por el periodista Bernardo Neustad (por entonces líder indiscutido de la opinión pública), quien sutilmente lo trasladó al ámbito laboral para enaltecer la patronal idea de la “flexibilidad laboral”.
El hablar de industria del juicio en la Justicia laboral es un agravio gratuito a los jueces del trabajo de todo el país, a los abogados del foro y a los auxiliares de la Justicia laboral. No existe un solo caso en que se haya acusado a alguno de ellos por corrupción o asociación ilícita. Lo único que generan juicios son los incumplimientos laborales y las pésimas e inicuas leyes, liderada -sin oposición alguna- por la ley de riesgos de trabajo.
Es cierto que durante la vigencia de la LRT disminuyó la litigiosidad, pero ello a costa de dejar desprotegidos a miles de trabajadores, ya que la misma ley le cerró todos los caminos para reclamar sus derechos. Hoy, efectivamente, por los fallos de la Corte de Justicia, se ha abierto la compuerta para infinidad de reclamos injusta e ilusoriamente retenidos. En este sistema también resultan víctimas los empleadores, quienes confiando en el respaldo de las ART descubren que deben afrontar en forma directa el costo de juicios millonarios.
El año pasado, con o sin consenso, se dictaron -por voluntad presidencial- en forma ultrarrápida leyes tan trascendentes como las leyes sobre medios, penal tributaria, antiterrorista, lavado de dinero y régimen de trabajo agrario. No hay excusas para que pase un solo día más sin sancionar un nuevo régimen de riesgos de trabajo que se haga cargo de tantas vidas truncadas de trabajadores víctimas de la falta de prevención de los riesgos laborales o por falta de atención oportuna y adecuada.