Alrededor de cuatrocientos de campesinos tomaron el edificio del convulsionado municipio de Tancítaro, en el estado de Michoacán, oeste de México, luego de un enfrentamiento que dejó tres muertos y varios heridos, en repudio a la actitud complaciente de las autoridades locales con el narcotráfico. El episodio constituye un nuevo pico en una escalada de confrontación. En distintas zonas del país, el campesinado azteca tomó la decisión de ejercer la justicia por mano propia y sustituir la inacción de lo que en algunas regiones se asemeja ya a un "Estado fallido".
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Alrededor de cuatrocientos de campesinos tomaron el edificio del convulsionado municipio de Tancítaro, en el estado de Michoacán, oeste de México, luego de un enfrentamiento que dejó tres muertos y varios heridos, en repudio a la actitud complaciente de las autoridades locales con el narcotráfico. El episodio constituye un nuevo pico en una escalada de confrontación. En distintas zonas del país, el campesinado azteca tomó la decisión de ejercer la justicia por mano propia y sustituir la inacción de lo que en algunas regiones se asemeja ya a un "Estado fallido".
Desde febrero pasado, Michoacán vive una incipiente sublevación popular contra el narcotráfico. Ubicado en la alargada costa del Pacífico, el estado fue históricamente uno de los grandes puertos de entrada y salida de productos. Al mismo tiempo, su intrincada orografía, poblada de cerros, y el clima propicio para la agricultura, que lo convirtieron en el principal productor de aguacates del país, contribuyeron a erigirlo desde la década del 80 en un centro neurálgico para el narcotráfico.
La zona costera se transformó en un lugar especial para recibir cargamentos de drogas provenientes de Sudamérica y Asia. El interior del estado sirvió para establecer laboratorios encargados del procesamiento de la droga, organizar la logística para su traslado a Estados Unidos y extender amplios cultivos de amapola y marihuana a lo ancho de la Sierra de Coalcomán.
El fuerte atractivo de la región hizo que desde hace veinte años las bandas de narcotraficantes se disputen el control del negocio, en una espiral de violencia que aterroriza a la población. Días pasados, el gobierno mexicano tomó por asalto el control de Ciudad Lázaro Cárdenas., al sur del estado. Efectivos del Ejército y la Policía Federal desarmaron a 250 policías municipales acusados de complicidad con los narcotraficantes y asumieron la vigilancia de las actividades portuarias. Puerto Cárdenas, que es el principal puerto del estado y el cuarto en importancia de todo México, fue tradicionalmente un centro muy utilizado para el ingreso de drogas.
Para describir con estremecedora elocuencia las modalidades que asumen las nuevas milicias ciudadanas en Michoacán, el diario mexicano El Confidencial cita a José Manuel Mireles, líder del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Tepalcatepec, al relatar uno de los enfrentamientos entre los sicarios de los cárteles de las drogas y los habitantes del lugar: "El sacerdote tocó las campanas a las 4.45 de la mañana, cuando estábamos siendo atacados. Se llenó la iglesia. El señor cura dijo: "señores, los que puedan agarrar un arma váyanse a La Ganadera - que es nuestra base de operaciones- y los que no, quédense aquí a rezar para que les vaya bien". No quedó ni un niño en la iglesia, incluso mi hija de 14 años llegó con una escopeta. Eso es el valor del pueblo".
Síntomas de Guerra Civil
El testimonio refleja las enormes dimensiones adquiridas por el problema. La lucha despiadada entre las bandas de los "Caballeros Templarios", una escisión de la Familia Michoacana, y "Jalisco Nueva Generación" acicateó la reacción de las policías comunitarias, integradas por civiles, que ganan en consistencia. En Apatzingán, en el centro del valle de Tierra caliente, erigido en epicentro del conflicto, la confrontación tiene las características propias de una guerra civil.
Las bandas de narcotraficantes asumieron el control efectivo de gran parte del territorio. Llegan a estipular cuotas de producción de drogas a los agricultores y los ganaderos, determinan rutas y horarios para el transporte de estupefacientes a las compañías de taxis y de transportes, extorsionan a los pequeños comerciante, a los que cobran un porcentaje de sus ganancias. La Asociación de Ganaderos de Michoacán reveló que a sus socios los narcotraficantes les cobran una comisión por kilogramo de carne vendida.
Un informe consignó que el año pasado la acción de los narcotraficantes causó entre los productores de limón pérdidas estimadas en 130.000 toneladas, cerca del 70% de la producción, en represalia por cuotas impagas. Por televisión. Un empaquetador de frutas narró que se había unido a las autodefensas campesinas cansado de pagar 3.600 euros mensuales a los Caballeros Templarios.
La Iglesia cumple un rol de vanguardia en esta vasta reacción social. El obispo de Apatzingán, monseñor Miguel Patiño, difundió una carta en la que denunció que "El estado de Michoacán tiene todas las características de un estado fallido. Los grupos criminales se lo disputan como si fuera un botín. Han aumentado los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad en que están viviendo. En los últimos días, se está obligando a líderes sociales y a las personas paa que firmen y pidan que el Ejército y los policías federales se vayan de Michoacán".
El diario estadounidense Los AngelesPress denunció que once alcaldes tienen vínculos con los Caballeros Templarios. Seis pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres al Partido Acción Nacional (PAN), uno a la coalición entre el PRI y el Partido Verde y el restante al Partido Revolucionario Democrático (PRD). Todo el espectro político local está infectado por los cárteles del narcotráfico. Según el diario, "el narco patrocina a quienes comulguen con los Caballeros Templarios, a cambio de que los apoyen y denuncien a las policías comunitarias".
La punta del iceberg
Michoacán no es una excepción. En dieciséis de los 32 estados federados de México funcionan actualmente alrededor de cuarenta grupos de autodefensa de diferentes tipos. La modalidad con mayor bagaje histórico surge de la institución de la policía comunitaria, cuyos miembros son nombrados en una asamblea de los pobladores de cada aldea, ante la que también deben responder por sus actos. El funcionamiento de esas policías comunitarias está amparado por la constitución mexicana, cuyo artículo segundo reconoce ese derecho a los pueblos indígenas.
Pero el fenómeno en ascenso, más reciente y anárquico, son las "brigadas de autodefensa", constituidas generalmente por campesinos armados y sin entrenamiento previo, que establecen controles de carreteras y llegan a realizar juicios populares contra los sospechosos de narcotráfico. Los expertos advierten sobre el riesgo de la "colombianización". En la década del 90, Colombia vio surgir las llamadas "Autodefensas Unidas", que acabaron convirtiéndose en una fuerza de choque contra los guerrilleros de las FARC pero en muchos casos fueron empleadas también como pantallas por las bandas del narcotráfico.
Ya existen incluso acusaciones de esas asociaciones encubiertas. Circulan rumores acerca de que algunos grupos de autodefensa fueron infiltrados por elementos de "Jalisco Nueva Generación". Una banda de los "Caballeros Templarios", llamada "Los Viagra", también ha intentado utilizar a esos grupos para disfrazar sus actividades delictivas. Las cosas no son blancas o negras. En ciertas circunstancias, cabe la posibilidad de que los grupos de autodefensa traben puntualmente alianzas tácticas con una banda de narcotraficantes para enfrentar a otra de mayor envergadura. Al fin de cuentas, los campesinos mexicanos no pretenden sustituir al Estado en su responsabilidad en la lucha contra el tráfico de drogas, sino proteger sus vidas contra la violencia que los azota.