Es de esperar, de acuerdo a la velocidad que se le imprimó a la nueva ley, que la próxima semana entre en rigor (nunca tan bien aplicada la frase) la modificación al Código Procesal Penal de la Provincia que le otorga mayores facultades a la Policía. Los efectivos podrán, de ahora en más, efectuar requisas a la gente y a los vehículos sin la necesidad de una orden judicial.
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Es de esperar, de acuerdo a la velocidad que se le imprimó a la nueva ley, que la próxima semana entre en rigor (nunca tan bien aplicada la frase) la modificación al Código Procesal Penal de la Provincia que le otorga mayores facultades a la Policía. Los efectivos podrán, de ahora en más, efectuar requisas a la gente y a los vehículos sin la necesidad de una orden judicial.
El alto impacto social de la noticia, su veloz tratamiento legislativo, lo inconsulto de la medida y la falta de respaldo entre la gente, incluso entre el propio oficialismo, recuerdan a otros tratamientos que se dieron en este Gobierno a un tema crítico: la inseguridad y la forma de controlar el problema.
Inseguridad y flagrancia
Se sabe -y el Gobierno lo sabe- que la inseguridad en Salta es una de las mayores preocupaciones de la gente. Pero las circunstancias y el momento en que se le otorgan los superpoderes a la Policía no está en sintonía con lo que la sociedad pide. Algo hace ruido. La gente implora por más seguridad, pero no que los policías puedan vulnerar, quién sabe con qué criterio, los derechos y garantías consagrados al manejo exclusivo de los jueces.
Se sabe que la nueva norma se sustenta en el principio de flagrancia, es decir que los policías podrán actuar sin orden judicial cuando los delincuentes sean sorprendidos “in fraganti”, pero esa es una línea muy delgada y subjetiva para la operatividad de los efectivos.
Una mirada un poco más popular a la cuestión posiciona a los superpoderes en un momento inadecuado. Resulta paradójico y hasta tenebroso que se le den más facultades a la Policía, pocas horas después de confirmarse que efectivos ejecutaron a un hombre en el barrio Sarmiento, al oeste de la ciudad, con una escopeta y municiones de uso exclusivo de la fuerza, en un operativo del que ni siquiera oficialmente se dio a conocer una versión unificada.
En este relato es imposible abstraer la figura del “gatillo fácil” en una Policía desbordada y con fuertes reclamos internos.
Lejos de llevar tranquilidad y confianza, esta situación enerva los ánimos de la gente en las zonas más deprimidas socialmente, allí donde las drogas y la exclusión marcan el día a día de miles de salteños.
Pero esta enorme contradicción, que no parece encajar en un marco democrático, tiene otras aristas que es necesario no perder de vista.
La modificación al Código Procesal y los superpoderes vienen precedidos por los cambios en el reglamento interno de la Policía de hace unos días. Antes de ello, se sabía que el propio procurador Pablo López Viñals terminaba de cerrar los detalles del proyecto de superpoderes.
Una sucesión de medidas y resoluciones que luego de aprobadas aparecen en un contexto sistemático, siguiendo un orden predeterminado y con un objetivo supremo: el control de la ley por arriba de la Justicia.
Allí es cuando resurge nuevamente el polémico procurador y toda su carga política sobre el poder de los jueces, a través de los fiscales que hasta aquí solo dieron muestras de obediencia hacia los dictados del Ejecutivo.
Los reclamos
Los legisladores plantearon serias dudas sobre el nulo debate que se le dio a una ley de tanta importancia; ni siquiera los organismos especializados, como el Colegios de Abogados o de Magistrados, tuvieron tiempo de analizar la neurálgica cuestión.
El trámite express para los superpoderes recuerda a otros que también tuvieron la impronta del procurador, a quien poco parece importarle la visión republicana y democrática de un sistema de gobierno.
Aunque fuese la mejor policía del mundo, el control de un juez es irrenunciable en el esquema auxiliar de la Justicia, sobre todo porque éstos responden a un poder independiente del político y están obligados a preservar el derecho de las personas.