Salta empezó a implementar hace días un sistema que permite cerrar causas a personas que cometieron delitos leves relacionados con su adicción y luego se sometieron a una rehabilitación. Desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) consideraron que el proyecto puede ser una forma de “criminalizar el consumo”.
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Salta empezó a implementar hace días un sistema que permite cerrar causas a personas que cometieron delitos leves relacionados con su adicción y luego se sometieron a una rehabilitación. Desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) consideraron que el proyecto puede ser una forma de “criminalizar el consumo”.
Dos juzgados de Salta comenzaron a funcionar como “Tribunales de Tratamiento de Drogas”, lo que significa que suspenderán los procesos judiciales abiertos contra acusados que acepten entrar en un programa de recuperación. Si el imputado termina con éxito la terapia, que durará unos dos años, el juez podrá sobreseerlo.
“Es una solución orientada a lo terapéutico. Esta salida beneficia a la Justicia y a los que sufren adicción. Lo que no se puede hacer con las drogas es no hacer nada”, sostuvo Pablo Arancibia, uno de los jueces que trabajarán con este sistema.
Esta modalidad se aplicará para delitos como robos cuando estén asociados, de alguna manera, con una historia de consumo, pero no con las infracciones que vayan contra la ley nacional que pena el tráfico de estupefacientes.
La decisión fue cuestionada por el CELS. El organismo consideró que el problema debe tratarse solo en el ámbito de la salud y que el proyecto puede “criminalizar” la adicción porque es una forma de asociar droga con delitos.
“Este mecanismo está siendo crecientemente revisado. Se plantea la necesidad de separar las situaciones de consumo de la órbita judicial, ya que esta política fortalece la discriminación de ciertos grupos y su etiquetamiento como amenazas sociales”, sostuvo el CELS en un comunicado.
Consultado sobre el tema, Pablo Arancibia dijo que los Tribunales de Tratamiento de Drogas no implican estigmatización. “Por el contrario, si un acusado con adicción cumple con el programa, se extingue la causa”, señaló. El magistrado también apuntó que, en los países que ya aplicaron esta experiencia, se lograron buenos índices de recuperación.
Claudia Román Ru, secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones, también defendió la nueva modalidad que creó la Justicia. “Conozco cómo funcionan los Tribunales de Tratamientos de Drogas y me parece fundamental abrirlos en Salta. Esto sirve para que la Justicia no sea un obstáculo ante la posibilidad de rehabilitarse. El programa trabajará con apoyo del Gobierno de la Provincia”, manifestó la funcionaria.
En Salta, el 23 por ciento de los jóvenes consumió alguna droga ilícita según indica una encuesta que hizo el Gobierno de la Nación en 2011. En 2012, el Centro Provincial Integrador Comunitario tuvo que atender a unos 900 pacientes con problemas de dependencia.
La implementación de Tribunales de Tratamientos de Drogas será una experiencia piloto que podría extenderse si logra buenos resultados. Los juzgados contarán con psicólogos y asistentes sociales y deberán hacer un seguimiento a los pacientes.
“La internación es un recurso terapéutico”
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) cuestionó los Tribunales de Tratamientos de Drogas que comenzaron a implementarse en Salta y consideró que esta no es la solución para las adicciones.
“Los Tribunales de Tratamientos de Drogas constituyen una instancia más de cristalización de la asociación entre droga y delito que simplifica las causas complejas de los fenómenos de criminalidad relacionados con las drogas”, señaló el organismo.
La institución pidió, además, otras políticas frente al problema. “Entendemos que la elaboración de un plan integral y abarcativo de prevención y tratamiento de las adicciones sería una opción socialmente más respetuosa y eficaz frente a esta problemática”, sostuvo el CELS en un comunicado que subió a su página oficial en internet.
El organismo planteó que la ley nacional de salud mental establece que la internación de personas con adicción es “exclusivamente un recurso terapéutico”. “El seguimiento judicial sobre los tratamientos resueltos por los Tribunales de Tratamientos de Drogas resulta contrario a este mandato”, opinó el CELS.
Los juzgados que cerrarán causas a los que acepten una rehabilitación serán el de garantías de quinta nominación, a cargo de Héctor Martínez, y el de instrucción de segunda nominación, a cargo de Pablo Arancibia.
“Los Tribunales de Tratamiento de Drogas son presentados como oportunidades para buscar soluciones alternativas al encierro de las personas que cometieron delitos relacionados con drogas. Sin embargo, su enfoque y forma de funcionamiento se enmarcan en las políticas de criminalización del consumo de ciertas sustancias y la estigmatización de las personas consumidoras”, manifestó el CELS.