Los asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en San Lorenzo constituyen un capítulo doloroso, una verdadera crónica negra que avergüenza a nuestra provincia.
El crimen, perpetrado con perversión, mostró al mundo, porque la noticia fue mundial, y a Francia en particular, el peor rostro de Salta. Un grupo de criminales se cobró dos vidas jóvenes, tan jóvenes como muchas otras víctimas del femicidio en la provincia y en el país.
Los restos de las dos universitarias permanecieron ocultos durante dos semanas, hasta que, accidentalmente, un turista las encontró. Nadie había registrado su desaparición y nunca se investigó debidamente por qué los propietarios del hotel donde se alojaban no hicieron la denuncia en su debido tiempo. La investigación posterior al hallazgo permitió identificar a tres lugareños, a quienes los vestigios del adn, la cámara fotográfica y los celulares parecen comprometer definitivamente.
Sin embargo, a 28 meses del crimen, aún no hay fecha para que comience el juicio oral. La demora sorprende porque el gobernador Juan Manuel Urtubey, poco después de las detenciones, anunció el crimen como definitivamente esclarecido y condecoró a los policías que intervinieron en el caso.
El jefe de la Brigada, Néstor Edgardo Píccolo, que había conducido la investigación, apareció muerto cerca de su oficina, pocos meses después.
El caso de las jóvenes francesas, además de avergonzar a Salta, aún genera muchas dudas. La elevación de la causa a juicio lleva casi un año de atraso, según los plazos legales, y se debe a las impugnaciones que fue planteando el fiscal Eduardo Barrionuevo.
Hasta que el tribunal no se pronuncie, la opinión pública no tendrá certeza de que los detenidos son los homicidas. Entre tanto, otras interpretaciones, ajenas al expediente pero basadas en hechos y situaciones que la gente aún encuentra inexplicables, seguirán alimentando el escepticismo y erosionando la credibilidad de las instituciones.
La muerte de Houria y Cassandre demuestra la vulnerabilidad de los turistas en Salta. Dos de los acusados se desempeñaban en roles que el Estado no podía descuidar: uno era guía de turismo y el otro guardaparque, vinculados directa o indirectamente con la administración provincial. Otro guía de turismo fue condenado a prisión por violar a una turista japonesa en El Divisadero, Cafayate, pocos meses después del crimen de las francesas. En ese verano posterior al doble femicidio de San Lorenzo una decena de mujeres, todas turistas y jóvenes, fueron víctimas de la inseguridad en Salta.
Donde hay turismo, los malvivientes encuentran un filón; esto sucede en todo el mundo. Ciertos crímenes son inevitables, aunque la prevención los hace más difíciles. La policía de San Lorenzo venía registrando denuncias y rumores sobre robos, ataques y abusos sexuales contra extranjeras desde un año y medio antes del caso de las turistas francesas. La experiencia indica que, cuando son víctimas de delitos, los extranjeros optan por irse de inmediato, con o sin denuncia ante la policía, pero sin esperar la resolución del caso. El Estado salteño falló en la prevención. Nunca se investigaron esos indicios ni se reforzó la seguridad en San Lorenzo.
A Cassandre y Houria las emboscaron en un lugar aislado, donde nadie podía escucharlas, igual que a la joven japonesa de El Divisadero. Todas ignoraban el peligro; el Estado no se ocupó de preservarlas.
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Los asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en San Lorenzo constituyen un capítulo doloroso, una verdadera crónica negra que avergüenza a nuestra provincia.
El crimen, perpetrado con perversión, mostró al mundo, porque la noticia fue mundial, y a Francia en particular, el peor rostro de Salta. Un grupo de criminales se cobró dos vidas jóvenes, tan jóvenes como muchas otras víctimas del femicidio en la provincia y en el país.
Los restos de las dos universitarias permanecieron ocultos durante dos semanas, hasta que, accidentalmente, un turista las encontró. Nadie había registrado su desaparición y nunca se investigó debidamente por qué los propietarios del hotel donde se alojaban no hicieron la denuncia en su debido tiempo. La investigación posterior al hallazgo permitió identificar a tres lugareños, a quienes los vestigios del adn, la cámara fotográfica y los celulares parecen comprometer definitivamente.
Sin embargo, a 28 meses del crimen, aún no hay fecha para que comience el juicio oral. La demora sorprende porque el gobernador Juan Manuel Urtubey, poco después de las detenciones, anunció el crimen como definitivamente esclarecido y condecoró a los policías que intervinieron en el caso.
El jefe de la Brigada, Néstor Edgardo Píccolo, que había conducido la investigación, apareció muerto cerca de su oficina, pocos meses después.
El caso de las jóvenes francesas, además de avergonzar a Salta, aún genera muchas dudas. La elevación de la causa a juicio lleva casi un año de atraso, según los plazos legales, y se debe a las impugnaciones que fue planteando el fiscal Eduardo Barrionuevo.
Hasta que el tribunal no se pronuncie, la opinión pública no tendrá certeza de que los detenidos son los homicidas. Entre tanto, otras interpretaciones, ajenas al expediente pero basadas en hechos y situaciones que la gente aún encuentra inexplicables, seguirán alimentando el escepticismo y erosionando la credibilidad de las instituciones.
La muerte de Houria y Cassandre demuestra la vulnerabilidad de los turistas en Salta. Dos de los acusados se desempeñaban en roles que el Estado no podía descuidar: uno era guía de turismo y el otro guardaparque, vinculados directa o indirectamente con la administración provincial. Otro guía de turismo fue condenado a prisión por violar a una turista japonesa en El Divisadero, Cafayate, pocos meses después del crimen de las francesas. En ese verano posterior al doble femicidio de San Lorenzo una decena de mujeres, todas turistas y jóvenes, fueron víctimas de la inseguridad en Salta.
Donde hay turismo, los malvivientes encuentran un filón; esto sucede en todo el mundo. Ciertos crímenes son inevitables, aunque la prevención los hace más difíciles. La policía de San Lorenzo venía registrando denuncias y rumores sobre robos, ataques y abusos sexuales contra extranjeras desde un año y medio antes del caso de las turistas francesas. La experiencia indica que, cuando son víctimas de delitos, los extranjeros optan por irse de inmediato, con o sin denuncia ante la policía, pero sin esperar la resolución del caso. El Estado salteño falló en la prevención. Nunca se investigaron esos indicios ni se reforzó la seguridad en San Lorenzo.
A Cassandre y Houria las emboscaron en un lugar aislado, donde nadie podía escucharlas, igual que a la joven japonesa de El Divisadero. Todas ignoraban el peligro; el Estado no se ocupó de preservarlas.