El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció ayer un aumento de sueldos a la policía y un impuestazo para financiarlo. De esa manera, quedó mal con todos. Sus acompañantes en la conferencia, los ministros Carlos Parodi, Eduardo Sylvester y Alejandro Cornejo D'Andrea no lo ayudaron demasiado. Invocaron las penurias de la caja, se quejaron por la coparticipación federal de impuestos y terminaron afirmando que los policías salteños pueden sentirse bien remunerados, a pesar de que el sueldo que les imponen a partir de enero es un 30 por ciento inferior a los de sus colegas de Tucumán y de Jujuy.
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El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció ayer un aumento de sueldos a la policía y un impuestazo para financiarlo. De esa manera, quedó mal con todos. Sus acompañantes en la conferencia, los ministros Carlos Parodi, Eduardo Sylvester y Alejandro Cornejo D'Andrea no lo ayudaron demasiado. Invocaron las penurias de la caja, se quejaron por la coparticipación federal de impuestos y terminaron afirmando que los policías salteños pueden sentirse bien remunerados, a pesar de que el sueldo que les imponen a partir de enero es un 30 por ciento inferior a los de sus colegas de Tucumán y de Jujuy.
Era previsible que el anuncio no iba a despejar el mal humor policial.
Del discurso oficial, tanto en la conferencia como en las declaraciones anteriores y posteriores de Sylvester y de Cornejo se desprende que la estrategia consiste en amedrentar a los policías disconformes. Como prueba quedó la violenta -e inadmisible- agresión que sufrió el fiscal Maximiliano Troyano cuando, por orden del procurador Pablo López Viñals, intentaba judicializar el conflicto en una comisaría.
El impuestazo, en cambio, pareció una provocación a la Cámara de Comercio. A mediodía, el presidente Daniel Betzel había dicho que “si van a llegar a un acuerdo, que lo hagan ya”. Es lo que parecía caer de maduro desde la madrugada del martes, cuando todos destacaban que los uniformados habían salvado a Salta de los saqueos y, también, que en todas las demás provincias que llegaban a un acuerdo se les garantizaba un mínimo inicial promedio de bolsillo de 8.500 pesos.
Tras la conferencia de la tarde, muchos comerciantes opinaban que el razonamiento de Urtubey fue: “Si quieren seguridad, que la paguen”.
La interpretación pareció avalada de inmediato por el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, quien prometió una sesión especial para la semana que viene y sostuvo que “para aumentar los salarios hay que reducir la obra pública”. Sería muy difícil hacer un inventario de la obra pública en la provincia, pero Urtubey, Parodi y Godoy deberían rendir cuentas precisas sobre los gastos discrecionales de los últimos seis años.
El aumento de los impuestos contempla transferir del sector privado al fisco unos 450 millones de pesos anuales. En los últimos seis ejercicios, los ingresos superaron ampliamente al presupuesto y Urtubey dispuso de 2.600 millones de pesos para gastos discrecionales. En 2012, precisamente, el excedente fue de 451.443.134 pesos. Es decir, al parecer, sin más impuestos se puede pagar el aumento salarial, ya que tantas obras no se hicieron. Godoy, tal vez sin darse cuenta, admitió que la carrera inflacionaria obliga a realizar un ajuste. Las redes sociales explicitaron, al respecto, que ese ajuste podría comenzar con los gastos que maneja él.
De todas maneras, la seguridad pública es una responsabilidad indelegable del Estado y que debe ser financiada con ingresos genuinos y no con impuestazos.
El único lugar donde surgió una idea tan sorprendente fue Salta. Hay un dato objetivo: la carga impositiva en nuestra provincia es del 51 por ciento; es decir, de cada cien pesos que produce una empresa, 51 pesos van al Estado. En los países escandinavos la presión tributaria es del 42 por ciento, pero allí no hace falta recurrir a la medicina prepaga ni a la escuela privada, ni poner alarmas o contratar custodia, porque el Estado se ocupa de la educación, la salud y la seguridad.
El anuncio del gobernador y sus ministros describe una desesperante situación de emergencia. A pesar de que todos se esforzaron en destacar la excelencia que atribuyen a los últimos seis años de gobierno, terminaron argumentando que las arcas están vacías y que no hay fondos para pagar a los policías lo que acordaron provincias cercanas, como Jujuy y Tucumán.
Es imprescindible cuidar la caja del Estado, pero lo cierto es que el problema policial está nacionalizado. Resolverlo es un deber del Gobierno, con los recursos de que disponga. Si realmente no dispone del presupuesto para dar un aumento, y como considera que Salta se ver perjudicada especialmente por la coparticipación - que se congeló muy por debajo de lo previsto por ley - en vez de aumentar los impuestos debería solicitar la asistencia del Estado nacional, como seguramente lo han hecho las otras provincias.