Los judíos argentinos están convencidos de que entre el contenido del acuerdo con Irán por el caso AMIA y lo que sobre el tema les informó el canciller hay un abismo.
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Los judíos argentinos están convencidos de que entre el contenido del acuerdo con Irán por el caso AMIA y lo que sobre el tema les informó el canciller hay un abismo.
No creen en el Estado iraní, están convencidos de que la verdad está en el expediente y no hace falta ninguna comisión especial, y reclaman que los funcionarios imputados sean sometidos a declaración indagatoria. Pero la mayoría sospecha que todo será inútil, porque, creen, Teherán nunca va a entregar a los acusados.
Las entidades representativas de la colectividad judía se encuentran en una cruel encrucijada luego del acuerdo entre el Gobierno argentino e Irán para que los funcionarios acusados por el atentado del 18 de julio de 1994 dialoguen con el juez Rodolfo Canicoba Corral y con el fiscal Alberto Nissman. La palabra “dialoguen” es la única que define qué será lo que harán esos funcionarios, ya que el canciller Héctor Timerman dijo una cosa, la Presidenta twiteó otra y el documento firmado, que la AMIA rechazó el viernes, es impreciso.
No está claro si se va a tratar de una declaración indagatoria por parte de los acusados, o si será un acto de buena voluntad, impensable en un régimen que niega el Holocausto.
Para la colectividad judía no hay dudas de que la verdad está en el expediente judicial elaborado por el exjuez Juan José Galeano. No dudan de que fue el Estado iraní el que patrocinó el atentado que se atribuye a la organización antijudía Hezbollah y que fue ejecutado por un conductor suicida de origen libanés.
El documento habla de una comisión de la verdad, integrada por juristas extranjeros, que supervisarían las actividades de los magistrados argentinos. De hecho, aceptar esa comisión es poner en duda la investigación realizada por la Justicia argentina.
“¿Presos?.. Humm..”
Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa que estuvo en el encuentro, añadió: “Se le preguntó a Timerman si el juez Canicoba Corral podía ordenar la detención de los sospechosos en Irán y contestó que no lo podía garantizar y que había que ir paso a paso”.
Las dudas de la colectividad judía tienen que ver con un cambio de rumbo. Fue el juez Juan Galeano quien, durante la presidencia de Carlos Menem, investigó todo lo que se sabe sobre el atentado, que está contenido en 120 mil folios del expediente.
Allí se identificó a la banda mixta de policías y ladrones de autos que vendió la trafic que fue usada para el atentado a algunos jefes de Hezbollah que estuvieron en la triple frontera en esos días y a los funcionarios de la Embajada iraní que abandonaron el país y nunca comparecieron ante la Justicia.
En 2006, una maniobra judicial permitió anular el procesamiento y dejó en libertad a los presos.
Sin embargo, el gobierno de Néstor Kirchner, con los elementos reunidos por Galeano, pidió la extradición de ocho funcionarios iraníes y un terrorista libanés, que nunca fueron deportados por Irán.
Ahora, en lo que parece un cambio drástico de política internacional, todo está a punto de volver a fojas cero. No hay afinidad ideológica entre el kirchnerismo y el régimen de Amadhinejad, pero sí la hay con los gobiernos de Rafael Correa y de Hugo Chávez, que tienen una alianza política con Teherán. Y hay intereses en común, entre los que parecería destacarse el del petróleo iraní, que podría venir en auxilio de nuestro país, con enorme déficit energético.
La verdad se conoce, faltan las condenas
El presidente de la DAIA, la entidad política de la colectividad, Julio Schlosser, había dicho a El Tribuno, horas después de la ahora cuestionada reunión con el canciller que “el documento no es claro”, y que Timerman se había comprometido a poner sus aclaraciones “por escrito” en el memorándum. Schlosser mencionó una palabra clave: esperan que los acusados presten declaración indagatoria, y no otra cosa. Ahora bien: en Teherán, sea cual fuere el resultado de la indagatoria, ninguno de los funcionarios va a quedar preso. Todos lo saben.
“El documento habla de interrogatorio. Nosotros no queremos un interrogatorio sino una declaración indagatoria”, afirmó.
Las dudas eran demasiadas. Nadie, ni el juez Eugenio Zaffaroni, que admite las indagatorias fuera del país, puede creer en la eficacia de un juicio de esta naturaleza, en el que el enjuiciado, en realidad, es un régimen fundamentalista, teocrático, ajeno a la visión occidental de los derechos humanos y, por sobre todo, muy interesado en posicionarse en América Latina. Esta semana, la AMIA rechazó el acuerdo y reclamó otro, nuevo, que excluya a la comisión de la verdad y que incluya explícitamente que los acusados serán indagados por la Justicia argentina.
"Un pacto con el diablo”
The Economist, de Londres, dijo que el acuerdo con Irán es un “pacto con el diablo”, y afirma: “Argentina agregó esta semana a Israel a su lista de puentes quemados”, en alusión a los recientes enfrentamientos internacionales (Inglaterra por las islas Malvinas, España tras la nacionalización de YPF, Ghana con la fragata Libertad), disputas que son enmarcadas dentro de “una política exterior cada vez más combativa”.
“La Sra. Fernández podría querer suavizar las relaciones con Irán como un gesto de apoyo a sus aliados de izquierda en América Latina, como Cuba y Venezuela”, dice la revista.
“Es probable que Irán ofrezca condiciones generosas a cualquier país que quiera desafiar a Occidente para comprar petróleo iraní”, expresa.
El analista Juan Tokatlian advirtió que “Argentina tiene que ser consciente de que es el único país dentro del actual Consejo de Seguridad de la ONU que ha decidido distender sus relaciones con Irán, en momentos en que buena parte de la comunidad internacional presiona a Teherán”.