La causa impulsada por el oficialismo provincial contra Juan Carlos Romero por la construcción de un hangar en el área del aeropuerto de Salta derivó en un conflicto entre un juez y un fiscal, porque este se opone a que el magistrado ordene realizar las pruebas solicitadas por los acusados.
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La causa impulsada por el oficialismo provincial contra Juan Carlos Romero por la construcción de un hangar en el área del aeropuerto de Salta derivó en un conflicto entre un juez y un fiscal, porque este se opone a que el magistrado ordene realizar las pruebas solicitadas por los acusados.
Ayer se produjo un nuevo episodios en la controversia judicial. El ex Secretario General de la Gobernación, Raúl Romeo Medina, denunció penalmente al fiscal Guillermo Akemeier por lo que considera “coacción agravada” contra el juez correccional Víctor Clark, a cargo de la causa en la que el propio Medina está acusado por el agente fiscal por haber rubricado un decreto firmado por el senador Mashur Lapad.
Medina denuncia además que Akemeier incurre en el delito de “prevaricato” porque inició “maliciosamente una investigación partiendo de una "notitia criminis' “ y dirigió esa investigación contra personas predeteterminadas careciendo de base probatoria alguna,a la vez que “excluyó a otras que se encontraban en idéntica situación”.
En este punto Medina destaca la diferencia de criterio en la acusación que hace Akemeier contra él, que fue el cofirmante del decreto 3306/07, y el senador Lapad, quien es el firmante principal de ese decreto que autorizó el comodato para el hangar. Denuncia que el fiscal tomó una declaración política del diputado oficialista Matías Posadas para convertirla en acción penal contra Romero y el propio Medina, opositores, sin reunir ninguna prueba y, exculpa al senador Lapad, ahora oficialista, porque considera -el fiscal, y sin preguntarle al interesado- que este no podía conocer lo que estaba firmando. “No escapará que... de no ser -Lapad- compatible con los intereses del oficialismo no existiría obstáculo para que el nombrado legislador no compartiera el reproche penal que en la trastienda dirigen los interesados en devaluar a los críticos” del Gobierno provincial.
La denuncia es grave: “...de manera intencional se ha privado del derecho a la defensa a las personas sobre quienes, de manera selectiva y por la sola condición de opositores políticos al Gobierno provincial, se sostiene criterio acusatorio”.
La denuncia, presentada ante el fiscal correccional Facundo Ruiz de los Llanos, insiste en la falta de garantías de imparcialidad y objetividad y sostiene que, en su amenaza para que el juez Clark no solicite las pruebas que beneficiarían a Medina, Akemeier envía un mensaje a todos los jueces que tengan a su cargo una causa en la que “campea intencionalidad política”. “Todo juez que no comparte el criterio investigativo de los fiscales podrá ser objeto de denuncias penales y apartado de la causa para ser sustituido por espíritus dóciles”.
Además de la coacción agravada y el prevaricato, Medina atribuye al fiscal los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La ley no consiente que un fiscal pueda abrir una causa sin elementos acusatorios válidos y suficientes...”.
En pocas palabras: el ahora concejal Medina denuncia que no solamente no lo dejan defenderse sino que lo están condenando de antemano por una causa inventada para atacar a los opositores y, de paso, amedrentar a todos los jueces.
“Notitia criminis”
La causa se inició cuando el diputado radical encolumnado con Juan Manuel Urtubey, Matías Posadas, denunció en la Cámara la concesión en comodato por 20 años de un predio de 60 por 70 metros, ubicado en el terreno de Aviación Civil, donde la empresa Finca de la Represa instaló un hangar de la línea Avionsur.
Posadas destacó que la empresa no paga ningún alquiler por ese espacio.
La ley provincial 6970 prohibe el cobro de alquiler o la venta de los terrenos de Aviación Civil y establece que el comodato es la figura correspondiente para que las empresas privadas construyan sus hangares. A cambio, al cabo del comodato, dejarán el hangar a la Provincia.
La denuncia de Posadas se produjo cinco años después de que el decreto firmado por Mashur Lapad había sido promulgado y que el hangar estaba funcionando.
En su descargo, Medina había señalado que tanto Posadas como el resto de los funcionarios provinciales sabían de la existencia de esas instalaciones, que se encuentran al costado de la entrada del aeropuerto, un tramo que la mayoría de ellos recorre dos o tres veces por semana.
Medina, en su denuncia, sostiene que es “intencional, arbitraria y direccionada” la celeridad con que Akemeier convirtió la denuncia del legislador en una acción penal de la que salvó, solamente, al principal responsable del decreto: el senador Mashur Lapad.
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