General Mosconi es una localidad salteña que presenta todas las (peores) características del abandono política y social. Tomada en sus cuatro rumbos por agitadores profesionales a los que la población, hastiada de piquetes y conflictos, escucha poco y nada, Mosconi padece, entre sus males actuales, la anómala situación de un municipio que por su descontrolada realidad fue intervenido por el Ejecutivo provincial.
inicia sesión o regístrate.
General Mosconi es una localidad salteña que presenta todas las (peores) características del abandono política y social. Tomada en sus cuatro rumbos por agitadores profesionales a los que la población, hastiada de piquetes y conflictos, escucha poco y nada, Mosconi padece, entre sus males actuales, la anómala situación de un municipio que por su descontrolada realidad fue intervenido por el Ejecutivo provincial.
Al frente de esa intervención está el secretario de Asuntos Municipales, Marcelo Cil, con el que colaboran tres funcionarios designados en las secretarías de Hacienda, Gobierno y Obras Públicas.
Han transcurridos ya dos meses desde entonces, y si bien este equipo intervencionista consiguió, aparentemente, ordenar y equilibrar las cuentas comunales de Mosconi, sólo puede mostrar como resultado positivo de su gestión el pago de los sueldos del personal municipal.
Pero ese es un logro mínimo ante el espectáculo de los proveedores reclamando por sus facturas impagas, y la aparición de cheques voladores.
El reclamo mencionado tiene su origen en la decisión de la intervención de “no pagar a nadie”, según algunos concejales, y rechazar toda orden de pago en la que aparezca la firma del desplazado secretario de Hacienda, Alberto Acosta.
General Mosconi cuya perdida estabilidad estaba basada en las regalías por el gas que producía, y que ya no produce, actualmente recibe por ese concepto $400.000, cuando hace un par de años esa suma llegaba al millón quinientos mil pesos.
La intervención a Mosconi se empieza a gestar cuando el intendente Julián Albarracín, con el apoyo de los concejales, trató de recortar sueldos excesivos, varios de los cuales superaban los $17.000. Ahí se armó un serio conflicto con los tres gremios que agrupan a los trabajadores municipales, y surgió el pedido de intervención.
El panorama es complejo y propio del mapa socio-político que generó el urtubey-kichnerismo.
En el pueblo nadie está conforme con la presencia de la intervención foránea, violadora de la Ley de Municipios 1348, pero la aceptan resignados, pues, dicen, “es la única forma de garantizar que la provincia nos envíe ayuda”.