La Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al Senado los tres proyectos que el Poder Ejecutivo había enviado al cuerpo como parte del paquete de seis iniciativas de reforma judicial.
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La Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al Senado los tres proyectos que el Poder Ejecutivo había enviado al cuerpo como parte del paquete de seis iniciativas de reforma judicial.
En un debate de más de diez horas, el texto de ingreso democrático al Poder Judicial obtuvo 133 afirmativos y 109 negativos; el libre acceso a las declaraciones juradas 136 a 106; y la publicación en Internet de las causas judiciales 140 rechazos, 101 negativos y 1 abstención.
El jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, apuntó a la oposición y sostuvo que "votar en contra es seguir votando para que las declaraciones juradas de los jueces permanezcan en un sobre cerrado; significa mantener el espíritu elitista de los jueces y empleados del Poder Judicial".
"¿Por qué tanto miedo a la decisión popular? Cómo un político democrático se puede parar frente al pueblo para decirle que no está capacitado para votar y que solo pueden hacerlo los abogados y jueces. Es una democracia absolutamente elitista", subrayó Rossi.
Antes, el jefe de la bancada de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, argumentó el voto en contra de su espacio y señaló: "No les creemos porque son malos los proyectos. En materia de declaraciones juradas, descendemos los estándares actuales. En vez de aclarar, oscurecen".
"Está muy bien que haya concurso y que haya publicidad de las decisiones, pero esos dos proyectos son hipócritas. Díganme una razón de porqué se debe entrar por mérito al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo y Legislativo", se quejó Gil Lavedra.
La discusión comenzó con la exposición de la diputada del FpV Diana Conti, que señaló: "El Poder Judicial debe ser democratizado, plural, no debe ser corporativo, no debe ser de una gran familia, debe tener vocación de resolver conflictos. Creemos que (los jueces) están en deuda con eso y queremos proponer medidas tendientes a provocar esa democratización".
Su compañero de bancada Jorge Yoma, ahora alejado del Gobierno, volvió a cuestionar que los proyectos hayan tenido como cabecera de tratamiento en comisión a Asuntos Constitucionales y no a Justicia, el cuerpo que él dirige.
"Obviaron a Justicia, seguramente no hubo ningún tipo de intencionalidad. Que no sea que deriven a la comisión de Turismo una reforma constitucional", ironizó el riojano.
Por la oposición, el radical Juan Pedro Tunessi cuestionó las normas y dijo que "los pobres van a estar tan lejos de la Justicia como hasta ahora".
Ricardo Alfonsín, por su parte, advirtió: "Tal vez la ley la prueban aprobar, pero lo que no van a aprobar es la prueba en las elecciones".
La diputada Elisa Carrió aseguró que "no debe haber obediencia debida a declarar superflua a la Constitución Nacional, para salvar el enorme miedo de una familia a explicar millones y millones de euros de un hombre que está muerto y que iba por
todo".
A su vez, el titular de Unión Peronista, Felipe Solá, sostuvo que la ley de ingreso igualitario al Poder Judicial "es inconstitucional".
"También, poner que la Corte Suprema tiene la obligación de poner todos sus fallos y acordadas en Internet es una gilada, porque ya están", enfatizó Solá.
El socialista Juan Carlos Zabalza consideró que con estas normas "se pretende socavar la independencia de la Justicia" e indicó que "los sostenedores del populismo proclaman la teoría de las mayorías electorales, donde quién gana puede tener mayoría en los tres poderes".
El diputado del Frente Peronista Alfredo Atanasof advirtió que la reforma "debilitará la independencia del Poder Judicial, en su rol de freno y contrapeso con respecto a los otros poderes del Estado".
Por el PRO, Pablo Tonelli dijo que la reforma busca "debilitar" a la Corte Suprema y "politizar" al Consejo de la Magistratura.
El proyecto de acceso democrático establece que los ingresos serán por concurso para letrados, empleados, personal de maestranza y oficios del Poder Judicial y el Ministerio Público.
La segunda norma establece que las declaraciones juradas son públicas y de libre accesibilidad a través de Internet y alcanza al presidente, vice, senadores, diputados, magistrados, defensor del pueblo, interventores, jefe de gabinete, ministros, secretarios, integrantes del Consejo de la Magistratura, síndico general de la nación, embajadores, cónsules, personal de las fuerzas de seguridad, decanos de universidades nacionales y candidatos a cargos electivos nacionales.
Además, el tercer proyecto plantea que los tribunales de segunda instancia y las cámaras nacionales de apelaciones deberán publicar todas las acordadas y resoluciones que firmen el mismo día, en tanto que la Corte y demás tribunales inferiores deben presentar una lista con las causas que se encuentran en trámite.