El Gobierno de la Provincia entiende que el juez de Instrucción Formal de Sexta Nominación, José María Alvarado Solá, actuó de manera irregular al ordenar el desalojo de una familia del barrio 17 de Octubre y anticipó que promoverá su remoción “en los próximos días”.
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El Gobierno de la Provincia entiende que el juez de Instrucción Formal de Sexta Nominación, José María Alvarado Solá, actuó de manera irregular al ordenar el desalojo de una familia del barrio 17 de Octubre y anticipó que promoverá su remoción “en los próximos días”.
La ministra de Justicia, María Inés Diez, entiende que el magistrado lesionó los derechos de Karina Roselos, sus hijos y nietos, como así también los de la Provincia porque la despojó de un bien que había sido expropiado en 2004.
La mujer y su grupo familiar quedaron en la calle el jueves anterior, temprano, cuando apenas hacían 7 grados. En la vereda quedó atrincherada con ocho hijos (seis de ellos menores) y dos nietos pequeños, mezclados entre sus pertenencias. Desde entonces duermen al aire libre rodeados de sus cosas para evitar que se los roben.
De acuerdo con la información que la funcionaria dio ayer, la fracción del inmueble que ocupaban los desalojados había sido expropiada por la Legislatura en 2004, por ley 7296. Dijo que la norma aspiraba a promover el acceso de los sectores de menores ingresos a una vivienda, objetivo que está expresado en el artículo 1 de la normativa sobre los inmuebles expropiados: “Serán destinados a la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes”.
La interpretación
La ministra Diez adelantó la acción que encarará la Provincia en “defensa de los derechos de los vecinos y los propios ya que a pesar de que la ley disponía la expropiación, y del juicio iniciado por el Estado, el juez Alvarado Solá dispuso el desalojo”.
La Provincia entiende que con esa decisión el magistrado despojó a la Provincia del bien y negó además la defensa oficial de los intereses públicos comprometidos a través de la Fiscalía de Estado.
“La actuación del juez Alvarado Solá significó un evidente apartamiento de la ley y una invasión indebida en el ámbito de competencias propias del Poder Legislativo, en términos que alteran el principio de la división de poderes y la forma republicana de gobierno”, se explicó.
La información judicial
De acuerdo a información de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, la disputa por ese lote tiene casi trece años. La primera denuncia es de octubre de 2000. En contraposición a lo que asegura la Provincia, desde el Juzgado de Instrucción Formal de Sexta Nominación se indicó que en 2008 se dio intervención al Gobierno y que el 30 de marzo de 2012 María Lisa Falcone, en representación del Estado, dijo que el lote en cuestión no había sido “avaluado ni pagado por la Provincia”.
En marzo pasado el Gobierno se presentó como actor civil, pero su presentación fue rechazada en base a lo aportado previamente por Fiscalía de Estado, se indicó.