En una casona familiar de Rosario de la Frontera, en la esquina de las calles Salta y 25 de Mayo, donde funcionaba a su vez un almacén de ramos generales -esas pulperías donde se vendía todo lo imaginable y se comercializaban bebidas espirituosas-, propiedad de Brahim Assud y su esposa Hayia Chaín de Assud, ocurrió un hecho que conmocionó a la ciudad: en medio de charcos de sangre, fueron encontrados los cadáveres de ambos, asesinados de al menos cinco puñaladas cada uno, propinadas con un arma blanca de hoja larga, tipo facón. El hombre estaba en el comedor, cerca de su escritorio, y la mujer en el dormitorio. Era el domingo 12 de diciembre de 1954.
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En una casona familiar de Rosario de la Frontera, en la esquina de las calles Salta y 25 de Mayo, donde funcionaba a su vez un almacén de ramos generales -esas pulperías donde se vendía todo lo imaginable y se comercializaban bebidas espirituosas-, propiedad de Brahim Assud y su esposa Hayia Chaín de Assud, ocurrió un hecho que conmocionó a la ciudad: en medio de charcos de sangre, fueron encontrados los cadáveres de ambos, asesinados de al menos cinco puñaladas cada uno, propinadas con un arma blanca de hoja larga, tipo facón. El hombre estaba en el comedor, cerca de su escritorio, y la mujer en el dormitorio. Era el domingo 12 de diciembre de 1954.
El pueblo entero y toda Salta se horrorizaron. No era el primer caso de acaudalados comerciantes de origen sirio asesinados con fines de robo.
Cuando los agentes entraron a la casa se encontraron con los ambientes revueltos: papeles, muebles y ropas en el suelo y evidentes signos de lucha, lo que hizo suponer que ambas víctimas vendieron cara sus vidas.
Fueron muchas las personas entrevistadas en esos momentos, pero todo quedó en un rotundo misterio y la causa paralizada por falta de pruebas concretas que dieran una pista que llevara a los investigadores a los causantes del hecho.
Sin embargo, después de 9 años, en 1963, el juez del Crimen de Primera Nominación, Raúl Eduardo Figueroa, virtualmente reabrió el caso y se apersonó con su equipo en la Ciudad Termal y le dio un fuerte impulso a su pesquisa.
Más de 40 personas fueron indagadas y fueron varias las hipótesis que se manejaron pero poco a poco los sospechosos fueron quedando lejos de la mira judicial y las teorías se fueron derrumbando.
Entre los interrogados, se encontraban un chofer que entregaba mercaderías a los Assud, Oscar Romano, quien, supuestamente habría sido el conductor de un camión en el que se habrían cargado los productos que se ofrecían en la pulpería y Segundo Moyano, que siempre fue considerado un testigo clave, ya que todos los días se apersonaba en el local, a tomarse unos vinos. Romano no pudo ser interrogado ya que fue hallado muerto y Moyano desapareció.
Meses más tarde, este último fue encontrado oculto en una finca, a 180 kilómetros de Rosario de la Frontera y declaró que había escapado porque no quería correr la misma suerte que Romano. Cuando el magistrado le preguntó a qué se debía su temor, fue contundente y acusó del doble crimen al comisario de la localidad termal, Orlando Madariaga y a su segundo en la cadena de mando, Navor Ovejero, quienes estaban a cargo de la investigación. “Ellos fueron los autores”, dijo con claridad.
Ovejero y Madariaga habían imputado, tras aplicarles crueles torturas, a tres linyeras, de ser los responsables del asalto y asesinato de la pareja. Los hombres, adictos al alcohol y conocidos por toda la ciudadanía, eran Ramón Figueroa alias el “Come Gente”, Juan “el Yuyero” Almirón y Vicente “Cogote i Fierro” Ruiz.
Tres linyeras en la mira policial
Como se dijo, los indigentes eran adictos al alcohol y conocidos en todo el pueblo, pero Ramón Figueroa, Juan Almirón y Vicente Ruiz no eran hombres de temer. Nadie, en realidad creyó jamás en la posibilidad de que fueran los causantes y que se hubiesen alzado con una gran carga de mercaderías, mucho dinero en efectivo e incluso acciones y títulos y otros valores que estaban en la vivienda de los empresarios sirios.
Ese mismo 1963 y con los linyeras encarcelados, una lavandera de apellido Vázquez, cuyo testimonio había servido para complicar la situación del trío de indigentes, declaró que había sido obligada por la Policía a decir que había lavado ropa manchada con sangre de los acusados. Con voz temblorosa le confesó al juez Figueroa: “Sí, lavé ropa de ellos, pero ninguna tenía sangre”. Y cuando amplió su declaración puntualizó que el titular de la comisaría de Rosario de la Frontera, Orlando Madariaga, era el responsable del crimen y que lo había escuchado decir que “las cosas marchaban bien y que todo lo que había, quedaba para ellos”, por lo que dedujo que se refería los bienes de la pareja.
Este testimonio fue análogo al prestado por un sobrino de Assud, quien había afirmado lo mismo.
El excomisario Orlando Madariaga, que ya en julio de 1963 no se encontraba en Rosario de la Frontera y residía en Cerrillos, fue detenido por su responsabilidad en el caso, lo mismo que su exsegundo, Navor Ovejero.
Hecho clave: la reconstrucción
Cuando en septiembre de 1963 se realizó la reconstrucción del hecho, el juez Figueroa pudo observar que la imputación de los linyeras Figueroa, Almirón y Ruiz, había sido una completa farsa, ya que sus testimonios, basados en el miedo, eran dubitativos, imprecisos y vacilantes. Sólo se limitaban a responder “así es”, “si, así lo hicimos” o “así fue”, pero sin poder jamás entregar precisiones. Obviamente los hombres respondían siguiendo instrucciones, eventualmente policiales. Con estos datos, más las fotografías y otras declaraciones, entre ellas la de una niña de 12 años (al momento de los hechos), cuyo nombre desapareció en la nube de fojas de la investigación, fueron cambiando la historia.
Amenazas y monedas
Esta niña, que en 1963 ya era una mujer casada, aseguró que un agente de la comisaría local le había ofrecido dinero para que callara lo que había visto y escuchado. Ella aseguró que había percibido los gritos el día del crimen acercándose a mirar por la ventana de la casa de los Assud y que había observado la presencia de los oficiales Madariaga y Ovejero, junto al cuerpo del comerciante. La coincidencia de este relato con lo que anteriormente habían expresado Segundo Moyano y la lavandera Vázquez, convencieron al magistrado de que los culpables no eran los linyeras, sino los uniformados.
El juez Figueroa decidió procesar a Orlando Madariaga y a Navor Ovejero considerándolos autores de los delitos de doble homicidio calificado y robo en concurso real y ordenó el embargo de sus bienes.
La investigación continuó, pero finalmente se dictó la falta de mérito a los dos únicos implicados, de manera que el hecho quedó en la impunidad. Otro gran misterio sin resolución en la historia roja de la provincia de Salta.