La Sala II del Tribunal de Impugnación rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución que ordenó el sobreseimiento de Walter Orlando Lasi en la causa por el homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. De esta forma, el juez de la causa quedó en condiciones de requerir la elevación a juicio.
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La Sala II del Tribunal de Impugnación rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución que ordenó el sobreseimiento de Walter Orlando Lasi en la causa por el homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. De esta forma, el juez de la causa quedó en condiciones de requerir la elevación a juicio.
La apelación fue presentada por el Fiscal Penal 1 contra la resolución que dispuso el sobreseimiento de Walter Orlando Lasi, quien es padre de Gustavo Orlando Lasi, imputado por el “doble homicidio calificado criminis causae con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real” junto a Santos Clemente Vera y Daniel Octavio Vilte Laxi.
Al analizar los elementos aportados, los jueces de la Sala II del Tribunal de Impugnación apuntaron que “fuera de los mensajes de texto incorporados en los distintos informes y pericias, de los cuales ninguno aporta elemento que pueda servir para evaluar de una manera distinta a las ya consignadas, tanto por el Tribunal de grado como por este de Impugnación y, lo que queda más en claro, es que no existe la posibilidad de incorporar por ningún medio otros mensajes de texto efectuados desde el día del hecho y por muchos después que tengan alguna relevancia para determinar un cambio en la actual situación procesal de Walter O Lasi”.
Los jueces Edgardo Albarracín y Enrique Granata resaltaron el celo puesto por el Fiscal en la cuestión apelada, pero “tampoco se pueden obviar las exigencias de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que fijan que los procesos penales concluyan sin dilaciones indebidas o como expresamente lo establecen “en el plazo razonable...” (artículos 7.5 del Pacto de San José de Costa Rica y 9.3 segunda parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).