Luego de los incidentes del miércoles pasado, que sembraron el caos en Embarcación, el dirigente y empresario Jorge Moya continuaba preso ayer en la localidad de General Ballivián y otras 14 personas, en Padre Lozano. Por ese motivo, se ratificó la marcha preparada para esta tarde a las 18 horas, para pedir por la liberación de los detenidos.
Todos ellos fueron presos - unos de inmediato y otros, horas más tarde- tras la refriega que se produjo luego de que fueran desalojados los ocupantes de un centenar de casas con fines sociales cuya entrega está siendo demorada en función del calendario de campaña.
Sin embargo, los incidentes no involucraron a los ocupantes de las viviendas -un grupo encabezado por Ariel Gómez y María Teresa Zambrano-, sino a desocupados de dos facciones diferentes que aspiran a los doscientos puestos de trabajo que esta semana serán asignados en la empresa Contreras Hermanos, que realizará ampliaciones en un gasoducto en la zona.
En una localidad con gravísimos problemas de empleo, la obra del gasoducto, con sueldos de convenio de las hidrocarburíferas, resulta sumamente atractiva.
Versiones diferentes
Según la versión del intendente Alfredo Llaya, los incidentes se debieron a que Moya y su gente decidieron atacarlo a él por razones políticas. Moya, cabe recordarlo, fue candidato a diputado provincial por las listas del gobernador Juan Manuel Urtubey en 2011, aunque ahora se encuentra enfrentado con Llaya y con el diputado local Salvador Scavuzzo.
Fuentes policiales, en cambio, reconocen que la refriega comenzó cuando un grupo de piqueteros y desocupados que responden al intendente salieron del barrio San Cayetano y se enfrentaron con los manifestantes que acompañaban a Moya.
Lo cierto es que tanto la sede municipal como los domicilios de Llaya y de Moya resultaron con daños. La casa y el negocio del intendente fueron apedreados y la vivienda de Moya, baleada por desconocidos.
Los detenidos, en cambio, son de un solo bando, y desde esa facción sostienen que las detenciones -especialmente la de Moya- fueron realizadas arbitrariamente y sin intervención judicial.
La empresa Contreras, se asegura en Embarcación, pagaría sueldos de entre 13 y 15 mil pesos, una fortuna para la realidad social de esta zona. Los detenidos acusan a dos funcionarios municipales, Walter González y Diego Acosta, de influir políticamente para designar a su gente.
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Luego de los incidentes del miércoles pasado, que sembraron el caos en Embarcación, el dirigente y empresario Jorge Moya continuaba preso ayer en la localidad de General Ballivián y otras 14 personas, en Padre Lozano. Por ese motivo, se ratificó la marcha preparada para esta tarde a las 18 horas, para pedir por la liberación de los detenidos.
Todos ellos fueron presos - unos de inmediato y otros, horas más tarde- tras la refriega que se produjo luego de que fueran desalojados los ocupantes de un centenar de casas con fines sociales cuya entrega está siendo demorada en función del calendario de campaña.
Sin embargo, los incidentes no involucraron a los ocupantes de las viviendas -un grupo encabezado por Ariel Gómez y María Teresa Zambrano-, sino a desocupados de dos facciones diferentes que aspiran a los doscientos puestos de trabajo que esta semana serán asignados en la empresa Contreras Hermanos, que realizará ampliaciones en un gasoducto en la zona.
En una localidad con gravísimos problemas de empleo, la obra del gasoducto, con sueldos de convenio de las hidrocarburíferas, resulta sumamente atractiva.
Versiones diferentes
Según la versión del intendente Alfredo Llaya, los incidentes se debieron a que Moya y su gente decidieron atacarlo a él por razones políticas. Moya, cabe recordarlo, fue candidato a diputado provincial por las listas del gobernador Juan Manuel Urtubey en 2011, aunque ahora se encuentra enfrentado con Llaya y con el diputado local Salvador Scavuzzo.
Fuentes policiales, en cambio, reconocen que la refriega comenzó cuando un grupo de piqueteros y desocupados que responden al intendente salieron del barrio San Cayetano y se enfrentaron con los manifestantes que acompañaban a Moya.
Lo cierto es que tanto la sede municipal como los domicilios de Llaya y de Moya resultaron con daños. La casa y el negocio del intendente fueron apedreados y la vivienda de Moya, baleada por desconocidos.
Los detenidos, en cambio, son de un solo bando, y desde esa facción sostienen que las detenciones -especialmente la de Moya- fueron realizadas arbitrariamente y sin intervención judicial.
La empresa Contreras, se asegura en Embarcación, pagaría sueldos de entre 13 y 15 mil pesos, una fortuna para la realidad social de esta zona. Los detenidos acusan a dos funcionarios municipales, Walter González y Diego Acosta, de influir políticamente para designar a su gente.