Nada ni nadie será obstáculo para que los acusados por el atentado a la AMIA sean juzgados en la Argentina. Eso afirmó ayer el fiscal general de la causa, Alberto Nisman, al asegurar que está dispuesto a renunciar a ese cargo si a cambio se entregan los ocho imputados iraníes y vienen al país a declarar ante la Justicia.
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Nada ni nadie será obstáculo para que los acusados por el atentado a la AMIA sean juzgados en la Argentina. Eso afirmó ayer el fiscal general de la causa, Alberto Nisman, al asegurar que está dispuesto a renunciar a ese cargo si a cambio se entregan los ocho imputados iraníes y vienen al país a declarar ante la Justicia.
El cruce de acusaciones y retos públicos entre Nisman y el gobierno de Teherán fue intenso en los últimos días, luego de que el fiscal acusara a Irán de infiltrarse en países de Sudamérica con estaciones de inteligencia con fines terroristas. Como respuesta, desde el Ministerio de Exteriores de Irán descalificaron el informe al considerar a Nisman un “sionista”.
“Si el problema es Nisman, que se entreguen los acusados y yo renuncio”, dijo Nisman y amplió: “Que los acusados vengan, que vengan presos. Si tengo que dar un paso al costado para que vengan, lo doy. Si el problema soy yo, que vengan. Ellos atacan a la persona, porque no pueden atacar el argumento”.
La semana pasada Nisman envió su informe al juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral.
El fiscal señaló ayer que “los elementos de prueba los arrinconan, los dejan entre la espada y la pared” y afirmó que el memorando de entendimiento firmado entre Argentina e Irán no ha causado “obstáculo alguno” para la investigación del ataque que dejó 85 muertos en 1994.
Nisman aseguró, incluso, que el país islámico en ningún momento rechazó los elementos que probarían la existencia de un plan para la “exportación de la revolución iraní” y el establecimiento de “estaciones de inteligencia” en la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam destinadas a preparar atentados como el de la AMIA.
“El grave problema que tiene Irán se relaciona con los elementos de pruebas. Y sobre eso no dicen nada. Cualquier fiscal que se siente en mi lugar, con las pruebas que tengo, llegaría a la misma conclusión”, dijo.
En ese contexto, el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó de “improcedente e incalificable” la respuesta iraní al dictamen de Nisman y sostuvo que “hablar de carácter sionista (del fiscal) de por sí es de una ignorancia tan grande como negar la Shoah (el Holocausto)”.
El presidente de la DAIA, Julio Schlosser, repudió “los calificativos de clara connotación racista utilizados por el gobierno de Irán contra el fiscal” y remarcó que “resulta intolerable que se estigmatice a un funcionario judicial argentino por su credo, con el único objeto de descalificar sus probadas imputaciones”.